El 15 de noviembre, miles de jóvenes salieron a marchar en todo el país sin acarreo, sin partidos y, sobre todo, sin miedo. Exigieron algo elemental: seguridad, justicia y futuro. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal: detenciones arbitrarias, intimidación, golpes y gas lacrimógeno. Este gobierno no persigue a quienes portan armas para delinquir; persigue a quienes alzan la voz.
Porque el gobierno no le teme al crimen organizado, es parte de él; le teme a los ciudadanos despiertos. Le teme a los jóvenes porque no los controla, no los mueve y no los puede callar. Y, en el fondo, lo que realmente incomoda al régimen no son las marchas: es la verdad que ya no puede ocultar.
Esa verdad es sencilla y dolorosa: en amplias regiones, México ya no tiene gobierno; tiene simulación. La represión del 15 de noviembre no fue un exceso aislado, fue la confirmación de que el poder prefiere amedrentar a su juventud antes que enfrentar la realidad: el Estado ha claudicado y cedido gran parte de su territorio.
La gota que derramó el vaso fue el asesinato de Carlos Manzo. Su muerte detonó la indignación acumulada de personas que veían en él a un hombre valiente y decidido a no entregar su comunidad, su municipio o su estado al crimen organizado. Desde Palacio Nacional, la reacción fue culpar al pasado y preguntar irónicamente: “¿Y cuál es su propuesta?”, como si ellos no fueran gobierno, o como si tuvieran excusa válida cuando hoy controlan los poderes en casi todos los niveles para enfrentar (si quisieran) a los criminales.
Lo más grave: a Carlos Manzo no lo mató cualquier sicario, sino un menor de edad. Un adolescente de 17 años que vio en un arma la posibilidad de tener futuro. Un adolescente que encontró en el crimen más oportunidades que las que podría darle el propio Estado. Un niño perdido y confundido en un país que hace tiempo perdió el rumbo.
Ese contraste con lo ocurrido el pasado 15 de noviembre es brutal. A un alcalde que pedía auxilio lo ignoraron; a jóvenes que exigían futuro los golpearon. Para este gobierno, protestar es más peligroso que extorsionar; marchar es más grave que reclutar menores. El mensaje es perverso: la protesta cívica merece cárcel, mientras la violencia criminal recibe abrazos
El oficialismo presentó como la gran solución el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: tres ejes, muchas palabras, cero estructura. Mientras la presidente hablaba de paz y justicia, sus propios diputados aprobaban el Presupuesto 2026 sin etiquetar un solo peso para ese plan. Paz sin presupuesto es propaganda; justicia sin Estado es simulación.
El documento promete fortalecer fuerzas federales, crear una fiscalía especial y abrir “escuelas de paz”, pero no dice nada sobre inteligencia criminal, inteligencia financiera, coordinación institucional, control territorial o justicia eficaz. Nada sobre cómo recuperar regiones donde los cárteles cobran piso, controlan rutas, secuestran, asesinan o dictan justicia. Michoacán, como buena parte del país, no necesita promesas: lo que necesita es gobierno.
La infiltración de estos grupos en estructuras políticas y partidistas es una de las principales causas de la impunidad, que desemboca en la colusión de servidores públicos con el crimen organizado; la designación de puestos clave con personas afines a los cárteles; la extorsión en el actuar gubernamental y en las agendas legislativas; y la apropiación de plazas enteras.
