El 15 de noviembre, miles de jóvenes salieron a marchar en todo el país sin acarreo, sin partidos y, sobre todo, sin miedo. Exigieron algo elemental: seguridad, justicia y futuro. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal: detenciones arbitrarias, intimidación, golpes y gas lacrimógeno. Este gobierno no persigue a quienes portan armas para delinquir; persigue a quienes alzan la voz.
Porque el gobierno no le teme al crimen organizado, es parte de él; le teme a los ciudadanos despiertos. Le teme a los jóvenes porque no los controla, no los mueve y no los puede callar. Y, en el fondo, lo que realmente incomoda al régimen no son las marchas: es la verdad que ya no puede ocultar.
Esa verdad es sencilla y dolorosa: en amplias regiones, México ya no tiene gobierno; tiene simulación. La represión del 15 de noviembre no fue un exceso aislado, fue la confirmación de que el poder prefiere amedrentar a su juventud antes que enfrentar la realidad: el Estado ha claudicado y cedido gran parte de su territorio.
La gota que derramó el vaso fue el asesinato de Carlos Manzo. Su muerte detonó la indignación acumulada de personas que veían en él a un hombre valiente y decidido a no entregar su comunidad, su municipio o su estado al crimen organizado. Desde Palacio Nacional, la reacción fue culpar al pasado y preguntar irónicamente: “¿Y cuál es su propuesta?”, como si ellos no fueran gobierno, o como si tuvieran excusa válida cuando hoy controlan los poderes en casi todos los niveles para enfrentar (si quisieran) a los criminales.
Lo más grave: a Carlos Manzo no lo mató cualquier sicario, sino un menor de edad. Un adolescente de 17 años que vio en un arma la posibilidad de tener futuro. Un adolescente que encontró en el crimen más oportunidades que las que podría darle el propio Estado. Un niño perdido y confundido en un país que hace tiempo perdió el rumbo.
Ese contraste con lo ocurrido el pasado 15 de noviembre es brutal. A un alcalde que pedía auxilio lo ignoraron; a jóvenes que exigían futuro los golpearon. Para este gobierno, protestar es más peligroso que extorsionar; marchar es más grave que reclutar menores. El mensaje es perverso: la protesta cívica merece cárcel, mientras la violencia criminal recibe abrazos
El oficialismo presentó como la gran solución el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: tres ejes, muchas palabras, cero estructura. Mientras la presidente hablaba de paz y justicia, sus propios diputados aprobaban el Presupuesto 2026 sin etiquetar un solo peso para ese plan. Paz sin presupuesto es propaganda; justicia sin Estado es simulación.
El documento promete fortalecer fuerzas federales, crear una fiscalía especial y abrir “escuelas de paz”, pero no dice nada sobre inteligencia criminal, inteligencia financiera, coordinación institucional, control territorial o justicia eficaz. Nada sobre cómo recuperar regiones donde los cárteles cobran piso, controlan rutas, secuestran, asesinan o dictan justicia. Michoacán, como buena parte del país, no necesita promesas: lo que necesita es gobierno.
La infiltración de estos grupos en estructuras políticas y partidistas es una de las principales causas de la impunidad, que desemboca en la colusión de servidores públicos con el crimen organizado; la designación de puestos clave con personas afines a los cárteles; la extorsión en el actuar gubernamental y en las agendas legislativas; y la apropiación de plazas enteras.
Donde los delincuentes eligen candidatos, financian campañas y tienen mejor equipamiento que las policías, sustituyen a la autoridad y simulan la readaptación social. No hay democracia: hay captura. Y ya es tiempo de decirlo como es.
México ya no vive una “crisis de seguridad”: vive una crisis de autoridad. La Guardia Nacional opera bajo mando militar; las policías locales fueron abandonadas tras eliminar el FORTASEG; las fiscalías dependen de intereses políticos; los centros penitenciarios son escuelas de profesionalización criminal. El Estado, que debería imponer orden, hoy administra el desorden.
No se construye paz con abrazos ni se derrota al crimen con frases bonitas. La seguridad no se improvisa: se planea, se financia y se conduce con inteligencia. Sin control territorial, inteligencia financiera, depuración de autoridades coludidas, fiscalías ni jueces imparciales, fronteras blindadas para frenar el tráfico de armas (con las que asesinan a nuestras familias), un sistema penitenciario limpio y políticas que reconstruyan el tejido social, cualquier estrategia será solo otra conferencia mañanera más.
Y mientras este gobierno reacciona con fuerza inmediata para detener jóvenes que exigen futuro, se cruza de brazos cuando se trata de confrontar a los criminales que se han apoderado del territorio. Esa contradicción revela algo más profundo: el gobierno ya se cree sus propias mentiras. Mientras jueguen con las cifras de homicidios dolosos o desaparecidos para construir una realidad ficticia, México seguirá pagando los costos de la peor estrategia de seguridad en 25 años.
El adolescente que asesinó a Carlos Manzo no nació criminal: fue cooptado por un sistema donde el Estado se retiró y dejó que el crimen organizara lo que el gobierno abandonó.
Por eso México necesita una reconstrucción institucional real y valiente: ministerios públicos y fiscalías autónomas; jueces blindados contra corrupción; una Guardia Nacional civil con auditorías externas; policías locales bien pagadas, capacitadas y equipadas; un programa nacional de protección a alcaldes en riesgo; un sistema penitenciario limpio; y una Secretaría de Inteligencia y Seguridad Nacional que unifique estrategia, inteligencia criminal, financiera y territorial.
Presidente, usted preguntó: “¿Y cuál es su propuesta?”. Pues aquí la tiene: recupere la autoridad moral y territorial del Estado mexicano; reconstruya la inteligencia; proteja a sus gobernados empezando por dejar de estigmatizar y polarizar; procure a quienes dan la batalla con valentía por las familias mexicanas; recule en la reforma judicial; limpie y ordene el sistema penitenciario; extirpe al crimen organizado empezando por su propio partido; reconstruya verdaderamente el tejido social; y, sin atole con el dedo, devuélvale a los jóvenes una razón para creer que el bien todavía tiene sentido.
Porque hoy ha quedado claro que las simples transferencias económicas no están generando oportunidades reales de desarrollo ni un futuro con esperanza. Porque la paz no se decreta con planes y discursos sin presupuesto ni voluntad: se conquista con acciones efectivas y con verdad. Y un gobierno que renuncia a ver la realidad o es cómplice, o se convierte en parte de la violencia que debe combatir.
Presidente, ahí le va no solo una propuesta: le dejo la solución:
Para que exista paz, primero debe haber justicia. Y para que exista justicia, debemos erradicar la impunidad. Eso solo comenzará cuando se rompa el pacto con el crimen organizado.
Alan Ávila Magos es licenciado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y maestro en Gobierno por la Universidad Panamericana. Ha cursado estudios en seguridad nacional y análisis internacional en instituciones como INAP, CIDE y la Universidad de Siracusa. Fue Secretario Nacional de Acción Juvenil y hoy es Consejero Nacional del PAN y presidente de JODCA. Profesor universitario y católico comprometido, promueve el humanismo político trascendente para la construcción de un México justo, seguro y en paz.
