Desliz | Polinarco-terroristas

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión en la lucha contra el fentanilo y otras drogas. Esta nueva clasificación no solo representa una amenaza económica directa para las estructuras criminales y el control del tráfico de fentanilo y otras drogas, sino que también podría justificar el uso de tácticas militares a distancia para neutralizar a estos grupos.

Este cambio en la política exterior estadounidense promete tener un impacto significativo y amplio en la política interna de México.

Un aspecto crucial que requiere un análisis exhaustivo es el presunto involucramiento de altos funcionarios mexicanos en actividades ilícitas, especialmente en el tráfico de químicos para la producción de drogas, precursores para el fentanilo y tráfico de hidrocarburos a través de las aduanas nacionales. Según investigaciones realizadas por la SEMAR y agencias estadounidenses, figuras como Adán Augusto López Hernández y operadores clave como Ricardo Peralta, Horacio Duarte, Álvaro Hernández, Juan Carlos Madero Larios, Alejandro Hernández Sierra, Héctor Antonio Ruiz Ángel y Alex Tonatiuh Márquez Hernández, así como familiares directos del titular, Doctor Andre Georges Foullon Van Lissum, estarían implicados en un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), todos ellos en listas de inteligencia estadounidense.

La situación se complica aún más con la participación de diversos diputados y senadores vinculados a López Hernández, también señalados en el tráfico de hidrocarburos. Con la documentación de estas actividades por parte del Departamento de Estado de EUA y la fiscalía de Texas, las operaciones ilícitas podrían enfrentar un aumento en el escrutinio y la presión internacional.

En este contexto, la financiación de la campaña de Andy López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, podría estar en riesgo. Este escenario no solo resalta la relación entre el crimen organizado y la política, sino que también insinúa una potencial guerra interna en el partido MORENA, posicionando a Adán Augusto como un rival incómodo y formidable para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos acontecimientos subrayan la profundidad de la corrupción dentro del gobierno mexicano y el impacto potencialmente significativo en la política nacional debido a intervenciones internacionales. La presidenta de México, en respuesta, ha anunciado dos reformas constitucionales para rechazar cualquier intervención extranjera, reafirmando la soberanía del país y clasificando el envío de armas desde el extranjero como un delito grave. Sin embargo, estos movimientos podrían ser percibidos como un espejismo de soberanía para enmascarar la incapacidad de controlar decisiones internacionales, manteniendo una apariencia de buena cooperación, pero subyaciendo un palpable miedo a las implicaciones de estas clasificaciones.

Sin una acción decidida y transparente por parte del gobierno mexicano para abordar estas acusaciones y restaurar la integridad de sus instituciones, México podría enfrentarse a consecuencias económicas, políticas y sociales mucho más devastadoras. La magnitud del problema exige más que simples ajustes; requiere una reforma profunda y sostenida.

¿Cómo manejará la situación el senador por Tamaulipas  José Ramón Gómez Leal y a su aún asistente “El Cabo Sosa”, heredado por el líder delincuencial Armando Montes, bajo las instrucciones de la madrina Doña Amadita Arredondo? La designación de los cárteles como terroristas implica a figuras que han colaborado o aún lo hacen, como el diputado Armando Zertuche y el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz (el primer huachicolero), también incluidos en esta categoría, disfrazados de políticos pero vinculados a Los Zetas y Los Golfos.

Los que siguen.

 

@GildoGarzaMx