El senador convierte su investidura en un instrumento para reprimir la crítica y silenciar opositores
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Gerardo Fernández Noroña, viejo militante de la izquierda y férreo defensor de las libertades cuando le convenía, ha cruzado una línea peligrosa: la utilización de su cargo público para castigar, censurar y escarmentar a quienes lo critican.
El episodio reciente que protagonizó en el Senado de la República no sólo resulta grotesco, sino profundamente alarmante para cualquier democracia. Un ciudadano que se atrevió a increparlo fue no solo exhibido en medios nacionales, sino forzado públicamente a disculparse bajo la sombra del poder institucional, sentado al lado del propio senador, como si de una escena de humillación ejemplarizante se tratara. Este hecho no fue una mera respuesta política; fue un acto de coacción simbólica, que manda un mensaje claro: “quien cuestione, será castigado”.
Meme
Noroña, quien antaño se vestía de libertario y revolucionario, ha devenido en un pequeño vasallo del autoritarismo parlamentario. A diferencia de presidentes como Calderón, Peña Nieto, Sheinbaum o incluso AMLO, quienes han lidiado —con mayor o menor gracia— con protestas públicas, memes, gritos o escraches, el senador ha decidido usar su investidura para sofocar la crítica con mecanismos impropios de una república democrática.
En la red social X (antes Twitter), Noroña ha bloqueado cuentas como La Derecha Diario y la mía propia, así como a una decena de ciudadanos más, por el mismo fenómeno de ego herido e inseguridad política. En lugar de debatir o simplemente ignorar, prefiere silenciar. Pero cuando un funcionario público utiliza plataformas digitales para comunicar su trabajo legislativo y, a la vez, cierra el acceso a quienes lo cuestionan, está vulnerando el principio de libertad de expresión y acceso a la información.
Constitución mexicana y precedentes internacionales
El Artículo 6° de la Constitución mexicana establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, mientras que el Artículo 7° garantiza que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. Estos principios no son papel decorativo: son garantías fundamentales que protegen precisamente a los ciudadanos frente a figuras como Noroña, cuando se sienten con derecho a intimidar desde la curul.
Internacionalmente, casos como este han sido objeto de condena. En Estados Unidos, cortes han fallado que incluso funcionarios públicos no pueden bloquear ciudadanos en redes sociales, ya que constituyen foros públicos digitales. Un ejemplo claro fue el caso de Knight First Amendment Institute v. Trump, donde se estableció que el entonces presidente violaba derechos al bloquear usuarios críticos.
En España, el Tribunal Constitucional ha ratificado que figuras públicas no pueden restringir el acceso a redes sociales oficiales o personales si las usan para asuntos de interés público, como ocurrió con un alcalde que bloqueó a ciudadanos en Twitter.
"La libertad de expresión no es una concesión graciosa del poder; es una piedra angular de la democracia."
Un peligro silencioso disfrazado de ideología
Y cuando un senador —que en teoría debería defenderla— se convierte en su verdugo, el daño es profundo, aunque venga disfrazado de indignación personal.
Este no es un problema de izquierda o de derecha. Es un problema de autoritarismo disfrazado de ideología. Hoy es Noroña. Mañana puede ser cualquier otro. Si dejamos pasar este abuso, estamos permitiendo que el poder público se convierta en el juez de lo que puede o no decirse en México. Y eso, sencillamente, es inaceptable.
