Más de diez aspirantes a ocupar cargos importantes en el sistema judicial mexicano tienen antecedentes polémicos en su trayectoria laboral o personal. A pesar de los señalamientos, buscan desempeñar un rol clave en la administración de justicia.
Uno de los aspirantes es Francisco Martín Hernández Zaragoza. Su nombre figura en la lista entregada por el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE). En 2015 fue destituido de su cargo como juez de distrito tras ser acusado de acoso sexual.
Otro caso es el de Fernando Escamilla Villarreal, quien aspira a ser juez de Distrito en Materia Penal en Nuevo León. Es conocido por haber defendido legalmente a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, exlíder de Los Zetas.
También se le vincula con la defensa de Eleazar Medina Rojas, alias El Chelelo, señalado como sicario del Cártel del Golfo.
Candidatos con antecedentes penales y nexos religiosos controversiales
Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a un cargo judicial en Nuevo León, enfrenta acusaciones por un incidente ocurrido en julio de 2023. En ese entonces fue detenido por presunta posesión de un arma de fuego y narcomenudeo.
La postulación de Job Daniel Wong Ibarra, evangelista vinculado a la Iglesia La Luz del Mundo, ha generado debate en Jalisco. Defendió legalmente a Naasón Joaquín García, exlíder de esa iglesia, quien se declaró culpable de abusar sexualmente de tres menores.
Además, su candidatura es incompatible con la ley. Ministros de cualquier culto deben renunciar formalmente a su ministerio al menos cinco años antes para ocupar un cargo público superior.
Aspirantes vinculados a crímenes graves y desapariciones
En Hermosillo, Sonora, la inclusión de Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla como aspirante a Magistrado ha generado oposición. Se le señala por irregularidades en la muerte de Paula Josette Arizona, joven que falleció en enero de 2024 tras visitar a un interno.
Otro candidato cuestionado es Andrés Montoya García, aspirante a la Magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito. Su nombre ha sido vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005. Aunque nunca fue formalmente investigado, su relación con el caso genera preocupación.
Jacqueline Silva Betancourt también figura en la lista de postulantes. Fue suspendida en marzo de 2024 por el Consejo de la Judicatura Federal, tras ser acusada de retener a un trabajador de su juzgado y exigirle la renuncia. En diciembre del mismo año se inició otra investigación administrativa por presunto acoso laboral.
Margarita Garzón Munguía busca ser jueza de Distrito Mixta por el Quinto Circuito de Sinaloa. En 2014 fue señalada por atropellar y causar la muerte de una persona mientras conducía y se maquillaba.
Finalmente, María del Socorro Pérez Córdova, candidata a Magistrada de Circuito en Materia Penal de Nuevo León, fue removida de su cargo como Jueza de Control en 2017. La destitución ocurrió tras ordenar la liberación de tres presuntos violadores, argumentando que las detenciones fueron realizadas por familiares de las víctimas y no por autoridades.
Todos estos casos avivan el debate sobre la idoneidad de los candidatos y la necesidad de mayor transparencia en los procesos de selección. Es vital garantizar que los servidores públicos en la administración de justicia sean personas con trayectoria intachable.
Con estos perfiles, la justicia mexicana enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes. El proceso de selección se ha convertido en un riesgo institucional.
