Lenia Batres, actual ministra y aspirante a presidir la Suprema Corte, habría utilizado recursos públicos para viajar por el país y promocionar su imagen en pleno proceso electoral.
Las giras incluyeron foros y eventos académicos, pero también fueron utilizadas para impulsar su proyección personal. Esta campaña se desarrolla en un contexto claramente electoral rumbo a la elección del próximo 1 de junio.
De acuerdo con reportes oficiales, Batres realizó al menos 15 viajes entre finales de 2023 y los primeros meses de 2024, con financiamiento del Poder Judicial. Se habrían destinado más de 210 mil pesos en boletos de avión.
Desvío de fondos bajo pretextos académicos
Otros 98 mil pesos fueron cargados por su asesor Eduardo Murillo. A esto se sumaron 160 mil pesos adicionales entre julio y agosto de 2024, también con cargo al presupuesto público.
La mayoría de estos viajes se justificaron como actividades académicas, pero todos ocurrieron antes del 30 de marzo, previo al inicio oficial de las campañas. Esto ha generado sospechas de un uso indebido de recursos con fines políticos y personales.
"No vine a ser repudiada": Lenia Batres durante su visita a Querétaro.
Sin experiencia judicial pero con respaldo político
Más allá del uso discrecional de fondos públicos, la postulación de Lenia Batres para presidir la SCJN ha desatado una amplia controversia. La ministra carece de experiencia judicial relevante y no ha desempeñado funciones como jueza ni emitido criterios jurídicos significativos.
Su presencia en el máximo tribunal no responde al mérito profesional, sino a su cercanía con el expresidente López Obrador. Fue él quien la impuso con el respaldo de su mayoría legislativa, comprometiendo la independencia del Poder Judicial.
Para muchos, esta aspiración representa otro intento del gobierno federal por controlar las instituciones autónomas.
Privilegios y escándalos en medio del descontento social
El escándalo creció cuando Batres fue vista viajando en primera clase desde Oaxaca el pasado 11 de mayo. Aunque declaró que pagó el boleto con su propio dinero, la indignación ciudadana persiste.
No se trata únicamente de reembolsar gastos, sino de actuar con ética, transparencia y respeto por los recursos públicos. Mientras millones de mexicanos enfrentan condiciones de precariedad, el uso de fondos públicos para fines personales resulta inadmisible en una funcionaria que pretende liderar la defensa de la legalidad en el país.
