El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha puesto al gobierno mexicano contra las cuerdas. Para finales de septiembre o principios de octubre decidirá si lleva el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General.
En juego no solo está la imagen internacional del país, sino también la posibilidad de que el caso escale a la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
Y es que la situación ya no puede maquillarse con discursos políticos. En México hay más de 127 mil personas desaparecidas, y el gobierno federal insiste en negar que exista una crisis o una política sistemática detrás de estas desapariciones.
El comité de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La ONU considera que en territorio mexicano podrían estarse cometiendo desapariciones de manera generalizada y sistemática.
“Recibimos informaciones con fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en México”
declaró Olivier de Frouville, presidente del comité.
El gobierno mexicano reaccionó con negación.
La Secretaría de Gobernación rechazó tajantemente la acusación. La CNDH calificó el diagnóstico como “descontextualizado”.
También participando en la polémica, la presidente Claudia Sheinbaum, se limitó a decir:
“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”.
