Noroña y Alcalde se lanzaron contra la ONU por Teuchitlán: 'Son ideas de la derecha'

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED-ONU) iniciará un procedimiento para investigar las desapariciones forzadas en México. Esto ha provocado una  reacción inmediata y furiosa por parte de líderes de Morena, quienes consideran la medida una intromisión política con sesgo ideológico.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, calificó la investigación internacional como una “maniobra política” dirigida a desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante una transmisión en redes sociales, Noroña  arremetió contra el sistema de Naciones Unidas. Acusó de parcialidad por su silencio ante conflictos internacionales, mientras ahora “se meten” en México  con acusaciones que calificó de irresponsables y tendenciosas.

“Están queriendo meter su cuchara en una acusación irresponsable. Es un esfuerzo de la derecha con las instituciones que domina a nivel mundial, para crear vínculos criminales con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum. Eso es ruín, eso es vil”

declaró el senador.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, también descalificó el actuar del comité internacional. Aseguró que se trata de una postura ideológica en contra de gobiernos progresistas.

“No les gustan los gobiernos cercanos al pueblo”, afirmó, al tiempo que denunció que esta no es la primera vez que organismos internacionales actúan de forma “facciosa”, sin supuestos elementos objetivos.

Las reacciones del oficialismo  surgen después del hallazgo de un predio en Teuchitlán, Jalisco. Ahí fue donde colectivos de búsqueda  localizaron restos humanos, prendas de vestir y objetos personales  que podrían corresponder a más de 200 personas desaparecidas.

El comité de la ONU  calificó el hecho como parte de un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas en México. Esto derivó en la emisión de medidas cautelares urgentes dirigidas al Estado mexicano.

Entre las exigencias del CED está el resguardo del predio conocido como Rancho Izaguirre, la garantía de transparencia  en el análisis de los restos y la participación activa de los colectivos.

La narrativa oficialista apunta a que cualquier señalamiento externo es un intento de socavar a la nueva administración federal. Ignora que las desapariciones en México superan las 100 mil personas y siguen siendo una de las crisis humanitarias más graves del país.

Mientras el gobierno se defiende de señalamientos, las víctimas siguen buscando respuestas.