La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra cualquier forma de apología del crimen organizado.
Intérpretes como Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme, Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán están bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses debido al contenido de sus canciones.
Aunque no se ha confirmado la revocación de visas para todos ellos, la amenaza es latente. Expertos en el tema advierten que podría desencadenar un efecto dominó en la industria musical.
En los últimos dos meses y medio, el gobierno estadounidense ha revocado más de 800 visas, por razones de seguridad nacional. Entre los afectados no solo hay estudiantes y extranjeros de países señalados como “riesgosos”, sino ahora también artistas del género musical conocido como narcocorrido.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la banda Los Alegres del Barranco, cuyas visas fueron canceladas después de mostrar imágenes de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG. Para las autoridades de EE.UU, estas acciones son más que meros actos artísticos: representan, según ellos, una forma de apoyo indirecto a organizaciones criminales.
Esta postura está dentro de una estrategia de “tolerancia cero” frente a cualquier promoción, respaldo o representación simbólica de grupos criminales o terroristas. Y el mensaje es claro: cualquier vínculo con actividades ilícitas, sea real o percibido, puede tener consecuencias graves, incluyendo la pérdida del acceso al país.
Los narcocorridos narran la vida y “hazañas” de figuras del crimen organizado y son señalados desde años como una forma de glorificación de la violencia. No obstante, también han sido utilizados por agencias de inteligencia como una fuente inesperada de información.
En un caso reciente se dio con la detención de Mario “N”, alias El Piyi, jefe de sicarios del hijo de “El Chapo”. Esta detención fue facilitada gracias a las letras de una canción de Luis R. Conríquez y Tito Doble P, que incluía detalles específicos de sus actividades.
El gobierno de Trump ha trazado una línea muy fina entre arte y apología del crimen. Mientras algunos defienden la música como una expresión cultural, otros ven en estos corridos una herramienta de normalización de la violencia y el narcotráfico.
Lo que es evidente es que la era Trump ha endurecido las reglas para los artistas mexicanos. El mensaje está dado: en Estados Unidos, cantar sobre narcos puede salir caro.
