Después de casi siete meses de silencio institucional, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, en fosas clandestinas de Santiago Sochiapan, Veracruz. La pareja había desaparecido en octubre de 2024 en Oaxaca, pero su búsqueda fue ignorada tanto por el gobierno estatal como por el federal, que optaron por minimizar el caso antes que enfrentar el costo político.
El hallazgo, realizado el 24 de abril, confirma una realidad brutal: en México, defender los derechos humanos sigue siendo una sentencia de muerte.
Sandra Domínguez era una reconocida abogada indígena y defensora de mujeres y pueblos originarios. Estaba bajo amenaza desde que denunció redes de violencia institucional, pero ni su historial ni su labor social bastaron para que las autoridades activaran medidas de protección reales.
Simulación oficial frente al asesinato de activistas
Desde su desaparición, las autoridades respondieron con trámites burocráticos, lentitud y desinterés. Repitieron el patrón de omisión que Morena ha normalizado en todo el país.
La administración de Claudia Sheinbaum repite el mismo guion que su antecesor: promesas vacías, mientras las organizaciones de derechos humanos entierran a sus integrantes. La reciente detención de una persona vinculada al crimen no compensa meses de abandono institucional.
Ni el gobierno de Veracruz ni el de Oaxaca desplegaron operativos urgentes. No activaron protocolos inmediatos ni ejercieron presión real para localizar a Sandra con vida. El hallazgo se presenta como un “éxito”, pero es el retrato de un Estado que no protege a sus ciudadanos.
En México, denunciar al poder es una sentencia de muerte
El asesinato de Sandra Domínguez demuestra que alzar la voz contra las estructuras de poder, defender derechos indígenas o denunciar redes criminales es un acto de alto riesgo. Desde 2020 había recibido amenazas, ignoradas por las autoridades, que trataron su activismo como una molestia política.
Su muerte es una más en la lista que la 4T intenta borrar con discursos y cifras manipuladas. Cada activista asesinado, cada fosa clandestina, cada desaparición ignorada confirma que este gobierno protege intereses políticos, no a la población.
La violencia contra defensores de derechos humanos no es un daño colateral. Es consecuencia directa de la omisión, el desprecio y la corrupción institucional. Mientras las autoridades organizan foros inútiles, los cementerios clandestinos siguen creciendo en silencio.
