Madres buscadoras de Chiapas llegaron al Senado, pero el oficialismo las ignoró

En el papel, parece un avance. Pero en los hechos, no garantiza justicia, acompañamiento ni búsqueda en campo.

Más datos, menos justicia

Las madres recordaron que son ellas quienes recorren basureros, canales, fosas y cerros con picos y palas.

El Estado, mientras tanto, les ofrece una base de datos, una aplicación móvil y discursos vacíos sobre tecnología.

La simulación institucional sigue

Ricardo Anaya ofreció cubrir su hospedaje y transporte para que puedan regresar al Senado cuando se discuta la iniciativa. Fue un gesto mínimo, pero necesario, en contraste con la indiferencia institucional que suelen enfrentar. Al menos alguien se tomó el tiempo de escuchar y responder con algo más que aplausos vacíos.

A diferencia de la oposición, los funcionarios federales se limitaron a aplaudir desde sus bancadas. Lo hicieron con entusiasmo, pese a que la propuesta ni siquiera contempla a las víctimas. Celebran su tecnocracia, pero ignoran a quienes cargan con la ausencia. No hubo ningún acercamiento real, ni una muestra mínima de empatía.

El discurso de transformación presume sensibilidad, pero no escucha a quienes viven la tragedia. Se habla de justicia, pero se actúa con burocracia; se presume inclusión, pero se margina a quienes más necesitan ser escuchadas.

Las madres buscadoras llevan años denunciando que son tratadas como estorbo, no como actoras fundamentales en la crisis. No solo buscan a sus seres queridos, también luchan por un lugar en la conversación nacional. Su experiencia, sin embargo, sigue siendo ignorada.

En lugar de abrirles las puertas, el Estado las empuja a los márgenes. Son ellas quienes arriesgan la vida en cada búsqueda, mientras las autoridades se refugian en cifras y discursos.

Y aun así, regresan. Regresan con fuerza, con dignidad, con la esperanza de que algún día no las escuchen por lástima, sino por justicia.

El Estado no busca a los desaparecidos

La verdad es clara: el Estado mexicano ha abandonado su obligación de búsqueda; la responsabilidad se delega a los colectivos, mientras el gobierno se limita a administrar registros y números. La CURP con huella no desentierra cuerpos, y los protocolos no sustituyen el compromiso.

Este nuevo episodio revela lo de siempre: cuando las víctimas reales aparecen en el Congreso, el poder las evade. Y mientras se legisla con fórmulas tecnocráticas, el país sigue siendo una fosa abierta.

Los desaparecidos no son cifras; son vidas, son familia. Y sus madres, una vez más, buscan solas, mientras el gobierno solo aparece cuando hay cámaras.