
Dos niñas asesinadas en Sinaloa: el narco impone su ley, el gobierno calla
El silencio del Estado ante el crimen organizado cobra nuevas víctimas en Badiraguato
Dos niñas murieron en Badiraguato, Sinaloa, tras quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento entre grupos armados. Viajaban con su familia cuando su vehículo fue alcanzado por disparos de alto calibre en una zona dominada por el narco.
El gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, declaró sentirse “indignado”, como si eso bastara. No hubo detenciones, ni operativos reales; solo frases recicladas que encubren la negligencia del Estado ante el control territorial del crimen.
La tragedia ocurrió en una región históricamente controlada por el narcotráfico. Badiraguato es cuna de capos como “El Chapo” Guzmán, y también símbolo de la claudicación del gobierno frente al poder armado.
Rocha Moya repite el libreto
Rocha Moya apeló a la indignación pública como único recurso discursivo, pero omitió cualquier autocrítica sobre el abandono institucional en Badiraguato. La omisión sistemática de operativos, inteligencia y prevención en ese territorio revela no solo ineficiencia, sino una preocupante tolerancia frente al crimen organizado.
Su respuesta fue un simple “me indigna”, fórmula que ya forma parte del guion oficialista. En lugar de enfrentar al narco, se limita a lamentar los hechos como si fuera un espectador, no el gobernador.
Mientras tanto, la Fiscalía no ha ofrecido avances. Los responsables siguen libres y el Estado, una vez más, ha renunciado a su deber de proteger a los ciudadanos, incluso a los más indefensos.
Abrazos, narco y propaganda
El caso refleja el fracaso de la política de seguridad de Morena. La presidente Sheinbaum mantiene el discurso de los “abrazos”, pero en la práctica los territorios siguen en manos de grupos armados.
No hay estrategia real de contención. Solo propaganda y omisión. Se repite la fórmula: desarme institucional, discurso buenista y entrega del país al crimen organizado.
Morena no pacifica; cede. Y en esa cesión se pierden vidas. Las dos niñas asesinadas son víctimas de un Estado que decidió no gobernar donde más lo necesita.
El narco impone el orden
Mientras el gobierno presume cifras maquilladas, la realidad en el norte del país es otra. El narco impone horarios, patrulla caminos y define quién vive y quién muere.
La población sobrevive entre silencios, amenazas y pactos implícitos. La ley no existe más allá del discurso oficial. Y cuando hay muertes, solo queda la indignación fingida de los de siempre.
La muerte de estas niñas no fue un accidente ni una casualidad. Fue el resultado directo de un Estado ausente, de una estrategia fallida y de un gobierno que prefiere mirar a otro lado.
Más noticias: