Dos niñas asesinadas en Sinaloa: el narco impone su ley, el gobierno calla

Rocha Moya repite el libreto

Rocha Moya apeló a la indignación pública como único recurso discursivo, pero omitió cualquier autocrítica sobre el abandono institucional en Badiraguato. La omisión sistemática de operativos, inteligencia y prevención en ese territorio revela no solo ineficiencia, sino una preocupante tolerancia frente al crimen organizado.

Su respuesta fue un simple “me indigna”, fórmula que ya forma parte del guion oficialista. En lugar de enfrentar al narco, se limita a lamentar los hechos como si fuera un espectador, no el gobernador.

Mientras tanto, la Fiscalía no ha ofrecido avances. Los responsables siguen libres y el Estado, una vez más, ha renunciado a su deber de proteger a los ciudadanos, incluso a los más indefensos.

Abrazos, narco y propaganda

El caso refleja el fracaso de la política de seguridad de Morena. La presidente Sheinbaum mantiene el discurso de los “abrazos”, pero en la práctica los territorios siguen en manos de grupos armados.

No hay estrategia real de contención. Solo propaganda y omisión. Se repite la fórmula: desarme institucional, discurso buenista y entrega del país al crimen organizado.

Morena no pacifica; cede. Y en esa cesión se pierden vidas. Las dos niñas asesinadas son víctimas de un Estado que decidió no gobernar donde más lo necesita.

El narco impone el orden

Mientras el gobierno presume cifras maquilladas, la realidad en el norte del país es otra. El narco impone horarios, patrulla caminos y define quién vive y quién muere.

La población sobrevive entre silencios, amenazas y pactos implícitos. La ley no existe más allá del discurso oficial. Y cuando hay muertes, solo queda la indignación fingida de los de siempre.

La muerte de estas niñas no fue un accidente ni una casualidad. Fue el resultado directo de un Estado ausente, de una estrategia fallida y de un gobierno que prefiere mirar a otro lado.