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Estados Unidos

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos descriminaliza el consumo de marihuana y le pone un impuesto del 5%

La legislación, introducida bajo el nombre de “MORE Act”, fue aprobada por primera vez en la historia a nivel federal por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Sin embargo, tiene pocas posibilidades de ser ratificada en el Senado.

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El pasado viernes 4 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, por primera vez en su historia, una ley a nivel federal que despenaliza el consumo de marihuana.

La polémica legislación fue aprobada en la Cámara de Representantes, la cual es dominada por el Partido Demócrata, por un resultado de 228 votos afirmativos y 164 negativos, y ahora deberá ir al Senado para que sea ley.

El proyecto de ley fue introducido y patrocinado por el diputado ultra-demócrata de Nueva York, Jerry Nadler, quien viene hace décadas impulsando la legalización del consumo del cannabis como así también de otras drogas más duras.
Nadler basó su proyecto de despenalización en dos ejes: primero, aludiendo un supuesto “componente racial” a la criminalización del consumo de marihuana y segundo, descreyendo los informes científicos que los diputados republicanos le presentaron en los debates calificando a la marihuana como una droga con potencial peligroso.

La legislación introducida elimina a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas a nivel federal y deja de considerar un crimen al cultivo, distribución y consumo de la misma. Además, elimina los historiales delictivos de las personas relacionados con dicha droga.

Jerry Nadler, el demócrata artífice de la despenalización de la marihuana en Estados Unidos.

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La medida, además de quitar de la lista a la marihuana como una droga caratulada como peligrosa e ilegal, y eliminar los antecedentes penales de aquellos que hayan cometido delitos relacionados con dicha droga, también marca el camino para la legalización total de la industria del cannabis. 

El proyecto aprobado impone un impuesto del 5% sobre las ventas de los productos de cannabis con la finalidad de que lo recaudado se invierta en servicios tales como la capacitación de trabajos relacionados con la droga, asistencia legal para el abuso de sustancias y también provee a préstamos a pequeñas empresas relacionadas con el cultivo de la marihuana. 

La legislación fue defendida por la mayoría de los diputados demócratas a excepción de 6 legisladores que representan a distritos netamente conservadores: Cheri Bustos y Dan Lipinski del Estado de Illinois, Henry Cuellar de Texas, Conor Lamb de Pensilvania, Chris Pappas de New Hampshire y Collin Peterson de Minnesota. 

Del otro bando, la mayoría de los diputados republicanos mostraron su desacuerdo con el proyecto de ley a excepción de 5 representantes entre los que se encuentran Matt Gaetz y Brian Mast del Estado de Florida, Tom McClintock de California, Denver Riggleman de Virginia y Don Young de Alaska. A su vez, el único representante independiente en la Cámara Baja, Justin Amash, de Michigan y de ideología libertaria, votó a favor de la despenalización. 

Los cinco diputados republicanos que votaron a favor del proyecto comparten una profunda oposición a la figura del Presidente Trump con excepción de Matt Gaetz, quien es uno de los políticos más cercanos a Trump e incluso ofició de co-sponsor del proyecto.

Gaetz aludió su voto a favor citando posturas y creencias personales sobre el uso de la marihuana que no se condicen con los ideales propios y tradicionales del Partido Republicano. A pesar de pertenecer a los republicanos, el diputado de Florida siempre aludió tener una creencia más cercana a los libertarios.

Gaetz también justificó su voto citando una cuestión de federalismo ya que piensa que las leyes federales actuales limitan la independencia de legislación que tienen los Estados sobre este tema
El diputado por Florida aseguró, valiéndose de sondeos poco fiables de encuestadoras demócratas, que los americanos no poseen una visión positiva frente a las políticas duras contras las sustancias prohibidas. 

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Pese a que la legislación aprobada por la Cámara Baja causó fervor entre los defensores de la legalización y los consumidores habituales de la marihuana, al proyecto aún le falta la aprobación del Senado para que se convierta en ley. 

Es altamente improbable que el proyecto sea aprobado en el Senado, que actualmente cuenta con una mayoría republicana de 53 votos contra 47 demócratas. Republicanos entre los cuales hay solo 1 libertario que podría votar a favor, el senador por Ketucky, Rand Paul.

Como ya lo manifestó el senador republicano Mitch McConnell, Líder de la Mayoría en la Cámara Alta, los demócratas parecen más preocupados en tratar y aprobar proyectos relacionados a la legalización de la marihuana antes que aprobar un nuevo paquete de estímulo financiero que provea alivio a las millones de personas que continúan desempleadas producto de la crisis producida por el COVID-19.

La lógica de McConnell fue seguida por el jefe de bancada del Partido Republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, quien también puso el foco en la baja preocupación que los demócratas le dan a la crisis actual. 

Tanto Kamala Harris como Joe Biden se mostraron a favor de la idea de despenalizar la marihuana. La candidata a Vicepresidente incluso presentó un proyecto de acompañamiento en el Senado que fue frenado por la mayoría republicana en dicha cámara.

Biden, por su parte, anteriormente se había mostrado con una postura conservadora sobe el tema, pero con el pasar de los años y con la creciente radicalización de su partido el ex-Vicepresidente se vio obligado a cambiar su postura y ahora dice estar a favor de la legalización. 

No es de sorprender que, si los demócratas finalmente acceden al poder en enero del próximo año, Biden guíe proyectos similares al recientemente aprobado por la Cámara de Representantes para contentar a ciertos sectores de izquierda de su partido.

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Economía

Peligroso: En plena recesión Biden aprueba una ley para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

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Estados Unidos

El día que Biden ordenó perseguir a su principal opositor como Stalin en 1927

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Así como La Nación compara libremente a Trump con Hitler, desde La Derecha Diario nos parece necesario trazar una similitud entre las acciones de Biden con las de Stalin hace casi 100 años.

El medio La Nación publicó esta tarde una lamentable nota con información de la agencia alemana de noticias DPA, comparando a Donald Trump con Adolf Hitler.

En la nota, mencionan un artículo del New York Times que asegura sin ninguna prueba que el ex presidente republicano les pedió “lealtad” a los generales del Estado Conjunto Mayor “así como Hitler le pidió a los generales nazis en la Segunda Guerra Mundial“.

Desde La Derecha Diario no queremos hacer eco de este repudiable artículo, y lamentamos que esa misma línea editorial no sea utilizada para describir los más recientes hechos vinculados a la persecución política a conservadores en Estados Unidos. Por lo tanto, tomamos en nuestras propias manos la tarea de hacerlo. Tomen nota, redactores de La Nación, a ver si aprenden algo.

En sintonía con el título que eligió La Nación, la redada del FBI a Mar-A-Lago, el masivo complejo de hoteles del expresidente Donald Trump en Florida, que fue ordenado por el Fiscal General de la Casa Blanca, Merrick Garland y aprobado por el juez Bruce Reinhart, será recordado como el día que Biden ordenó perseguir a su principal opositor como Stalin en 1937.

La “Gran Purga” ocurrió entre agosto de 1936 y marzo de 1938. En ese período, el jerarca soviético asesinó a más de 800.000 opositores políticos, incluidos dirigentes, sindicalistas, periodistas, activistas, militares.

Pero ese genocidio no ocurrió de un día para el otro. Casi una década antes, Stalin tomó control del Partido Comunista Soviético y lanzó la persecución de su principal opositor, León Trotski.

Trotski dirigía la Oposición Unida, un partido también comunista y bolchevique pero que no adhería a la política de Stalin conocida como “Socialismo en un solo país“. Tras la muerte de Lenin en 1924, Trotski fue mandatario de la Unión Soviética en el rol de Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales hasta 1925, cuando el comunismo soviético se partió en dos, y la Unión tuvo su primer debate político: Stalin o Trotski.

Tras perder una pulseada geopolítica en China, la dirigencia del Partido Comunista decidió respaldar a Stalin y el georgiano ordenó perseguir y apretar a Trotski para forzar su rendición. En noviembre de 1927, la OGPU allanó la casa de Trotski, rompió sus puertas, sus ventanas, y le incautó todas sus pertenencias, entre ellas sus escritos y correspondencia con otros dirigentes opositores.

El 31 de enero de 1928, pocos meses después de esta apretada política, el XV Congreso del Partido Comunista hizo que las opiniones de la Oposición Unida fueran incompatibles con la autoridad soviética, y a Trotski no le quedó más remedio que exiliarse a Kazajistán, en los confines de la Unión.

En 1929 sería expulsado de la Unión completamente y se mudaría a Turquía, luego en Francia, Noruega, y finalmente en México, donde espías soviéticos lo asesinaron un 21 de agosto de 1940.

Esta comparación parecía una locura hace tan solo una semana, pero la redada a Trump por parte del FBI sin tener una causa abierta en la Justicia que permita semejante ataque abre la puerta a cualquier cosa.

Como a Trotski en 1927, la policía federal le entró por la fuerza a la propiedad de un ex mandatario, le incautó computadoras, le forzó y le vació la caja fuerte y se llevó miles de documentos. Esto fue realizado sin ningún tipo de aviso previo y con una clara motivación política.

También fue realizado fuera del estricto marco legal, ya que la orden de allanamiento a Trump dice que la redada era necesaria para proteger cierta evidencia de que sea destruida por el ex presidente, pero para que un conjunto de documentos sea considerado como evidencia para la justicia, debe ser presentado previamente ante un juez en el contexto de una causa abierta. Hoy por hoy no existe ninguna causa abierta en contra de Trump en la justicia.

Así como La Nación comparó a Trump con Hitler, desde La Derecha Diario, siguiendo su misma línea editorial, creemos que deberían haber comparado a Biden con Stalin. Solo esperamos que la situación política de Estados Unidos no termine en una “Gran Purga” de conservadores de acá a 10 años.

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Estados Unidos

Juez federal que aprobó la orden de allanamiento de Biden contra Trump fue abogado de Jeffrey Epstein

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Este lunes por la noche el FBI ejecutó una orden de allanamiento pedida por el Secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, que fue firmada por un juez amigo.

El juez federal que firmó la orden de allanamiento pedida por Biden para redar Mar-A-Lago, propiedad del ex presidente Donald Trump, fue abogado del delincuente sexual infantil internacional Jeffrey Epstein.

Se trata del juez Bruce Reinhart, quien renunció a su trabajo como fiscal federal en 2008 y se fue a trabajar para EpsteinReinhart pasó diez años como el principal abogado de Epstein, mientras lideraba la red de pedofilia más grande del mundo. En 2018, vuelve a la actividad pública y asume como magistrado federal en 2018, según señala su biografía oficial del gobierno.

Durante su década de trabajo para Epstein, Reinhart participó de múltiples controversias. Fue nombrado en una demanda de la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen en 2011 como cómplice de Epstein. Además, fue acusado de violar la política del Departamento de Justicia y potencialmente filtrar información confidencial sobre el caso de Epstein para ganarse el trabajo.

En 2011, se lo denunció a Reinhart en su labor como abogado de Epstein por incompatibilidad, ya que en su paso como asistente del fiscal federal habría obenido información privilegiada para salvar al pedofilo multimillonario. “Mientras Bruce E. Reinhart era asistente del fiscal federal, se enteró de información confidencial y no pública sobre el caso de Epstein, y pocos días después se unió a la nómina de abogados de Epstein“, alegaron los demandantes en el caso Jane Does #1 y #2 v. Estados Unidos .

Según los informes, Reinhart dejó de trabajar para la oficina del fiscal de los Estados Unidos el día de Año Nuevo de 2008 y comenzó a trabajar para Epstein el 2 de enero de 2008informó el New York Post

Debió jurar bajo pena de perjurio que no tenía nada que ver con la investigación federal de Epstein y que no tenía información confidencial sobre su caso, pero sus supervisores presentaron un documento judicial contradiciendo el reclamo, y Epstein debió apartarlo del caso, aunque lo retuvo en su nómina y lo ayudó con otras causas judiciales.

En sus 10 años, Reinhart representó en varios casos a los pilotos del avión privado de Epstein, que utilizaba para transportar a sus clientes a su isla privada en el caribe donde sucedían los encuentros sexuales con menores.

También brindó asistencia legal al programador de Epstein, que lo acompañaba a todos lados y a una mujer llamada Nadia Marcinkova, a quien el propio Epstein describió como su “esclava sexual yugoslava” en grabaciones que fueron entregadas a la justicia durante su juicio.

Las acusaciones contra Epstein surgieron públicamente por primera vez en 2005. Se declaró culpable de cargos sexuales en Florida y cumplió solamente 13 meses en la cárcel, luego de que sus abogados negociaran un acuerdo con el fiscal. Se cree que este resultado tan positivo fue gracias a la información que trajo Reinhart al equipo legal.

En los años siguientes, su red de pedofilia continuó y muchas mujeres demandaron a Epstein por los abusos. Una mujer, de las más famosas denunciantes, de nombre Virginia Giuffre, afirmó que Epstein y Ghislaine Maxwell, su mujer, la habían prostituido contra su voluntad para que tuviera citas sexuales con hombres poderosos, incluido el príncipe Andrew del Reino Unido, con quien tiene una demanda abierta.

Los fiscales federales en Nueva York revivieron el caso contra Epstein por orden de la Casa Blanca de Trump, después de que las historias del Miami Herald en 2018 atrajeran nueva atención a sus crímenes. Fue arrestado en 2019, pero apareció suicidado un mes después.

Once meses después de su muerte, Maxwell fue arrestada en una finca de New Hampshire, y fue llevada a juicio, donde se la declaró culpable y fue condenada a 20 años de prisión, aunque nunca se le pidió la lista de clientes de la red de pedofilia.

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