Se trata de una normativa que pretendía derogar las cláusulas de inversión ESG en administradores privados de fondos de pensiones. El Presidente emitió el primer veto de su administración, y asegura estar dispuesto a derogar nuevas iniciativas de la oposición.

Valiéndose de la mayoría retenida en ambas cámaras legislativas, el ala dura y más derechista del Partido Republicano logró los consensos necesarios para la derogación de las reglas de inversión ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) para administradoras privadas de fondos de pensiones.

La derogación contó con el apoyo unánime de la oposición republicana, así como el de dos senadores del ala conservadora del Partido Demócrata, Joe Manchin de West Virginia y Jon Tester por el Estado de Montana, que permitieron que la ley sea aprobada en el Senado.

El presidente Joe Biden rápidamente vetó la ley, y anticipó que está dispuesto a disponer de nuevos vetos para hacer frente a la mayoría republicana en el Congreso. Se trata del primer uso de esta herramienta en lo que va de su administración.

“Está claro que el presidente Biden quiere que Wall Street use el dinero que tanto le costó ganar no para hacer crecer sus ahorros, sino para financiar una agenda política de extrema izquierda. Eso perjudicará a las personas mayores y a los trabajadores, especialmente después de que el gasto imprudente del presidente Biden causó una inflación récord y subidas rápidas de tipos de interés”, anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

La principal objeción que presentaron los republicanos para lanzar la derogación de la regla es el hecho de priorizar inversiones en una agenda socialista por sobre la captación de rendimientos para favorecer retornos a los afiliados del sistema. 

A tales efectos, la nueva normativa legal que pretendían aprobar los republicanos prohibía expresamente el destino de la inversión privada para cuestiones de cambio climático, factores ambientales y sociales, entre muchos otros. La inversión de las administradoras de fondos de pensiones se concentraría exclusivamente en maximizar rendimientos para los ahorros de sus clientes.

Los demócratas tildaron a la prohibición como una iniciativa “en contra del libre mercado”, y aseguran que si bien las reglas ESG condicionan la inversión bajo ciertos parámetros, las empresas no se encuentran obligadas directamente a ejercer este tipo de inversiones si no desean hacerlo.

Pero si bien es cierto que las normativas no incluían ni incluyen una inversión obligatoria sobre sectores específicos, lo cierto es que la intervención del Gobierno (y más aceleradamente en administraciones demócratas) distorsiona deliberadamente los incentivos de inversión para favorecer destinos que, en un contexto de libre mercado, no se hubieran elegido voluntariamente.

En este sentido, las regulaciones sobre la industria energética, los impuestos a los combustibles y los subsidios ecologistas previstos en la “Ley de reducción de la inflación”, entre muchas otras iniciativas, funcionan efectivamente como verdaderos condicionantes de la inversión privada. En este sentido, el proyecto de los republicanos pretendía anular virtualmente el efecto distorsivo de estos incentivos artificiales sobre la iniciativa privada. 

El Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso presentó en los últimos días una serie de documentos que revelan una gran cantidad de dinero enviado desde China a la familia Biden a través de testaferros.

Estos días la fiscalía de Manhattan lidera una brutal persecución política contra el ex presidente Donald Trump, y los medios están analizando rigurosamente todo el dinero que entró y salió de sus compañías en los últimos años.

Mientras tanto, los medios hacen silencio absoluto frente a la revelación del pasado martes, cuando una comisión investigadora del Congreso mostró un enorme esquema de corrupción entre la familia Biden, el Partido Comunista Chino y los socios comerciales del actual presidente de los Estados Unidos.

El pasado martes 14 de marzo, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad, el diputado republicano James Comer reveló a través de la publicación de una serie de documentos que Joe Biden, su hijo Hunter Biden y su hermano, James Biden, recibieron la suma de US$ 4,8 millones de dólares provenientes de la compañía china “CEFC China Energy” entre los años 2017 y 2018.

El equipo legal de Hunter Biden asegura que se trata meramente de la acción de ciudadanos individuales con derecho a perseguir ”negocios personales”, y este dinero es simplemente su comisión por haber conseguido una inversión para una empresa con la que trabajaban como asesores.

Pero esto no cierra por ningún lado. En primer lugar, este dinero lo recibieron en varios montos cuidadosamente valorizados por debajo de lo que los organismos de control suelen revisar, y no hay explicación por qué una comisión de esta naturaleza se pagaría en varias transferencia a lo largo de varios meses.

Además, correos comprometedores fueron hallados en la computadora de Hunter Biden donde queda demostrado que el dinero fue una recompensa por haberle brindado acceso a la Oficina Oval a varios funcionarios comunistas, mientras Biden era vicepresidente.

Estos correos fueron legitimados una y otra vez, y están actualmente incluidos como evidencia en una investifación federal del FBI. Pero como si fuera necesaria una confirmación adicional, Hunter Biden denunció esta semana al taller de reparación donde dejó su computadora.

Esta demanda que alega robo de datos e invasión a la privacidad solo confirma la información y no tendrá cabida, ya que el dueño del taller le hizo firmar un contrato a Hunter que decía que si en 6 meses no iba a buscar la computadora reparada, ésta pasaba a control del taller; y eso es exactamente lo que pasó.

Entre los correos y una investigación del comité del Congreso, se encontró una operación en marzo del año 2017, donde la compañía ”State Energy HK Limited”, asociada al Partido Comunista Chino y subsidiaria de la ”CEFC China Energy”, realizó una transferencia por US$ 3 millones de dólares a una compañía de Rob Walker, uno de los más importantes socios empresariales de la familia Biden.

Rob Walker no se quedó con este dinero, si no que lo transfirió a varios destinatarios, quedándose él mismo con un saldo de US$ 869.308 dólares por esta operación. El ex funcionario de la administración Clinton, cuya esposa fue asistente de Jill Biden, es ampliamente considerado el testaferro de Biden para sus negocios con China.

Hunter Biden, a través de las cuentas bancarias de sus compañías ”Owasco PC and RSTP II LLC” y ”First Cleaning LLC”, recibió entre marzo y abril del año 2017, seis transferencias bancarias de parte de Robinson Walker LLC por montos variables de entre $10.692 a $300.000 dólares.

En concordancia, James Biden, recibió entre los meses de abril y mayo de 2017 cinco transferencias bancarias con pagos que datan de cifras de entre $15.000 y $125.000 dólares mediante su compañía JBBSR INC. por parte de Walker.

Al siguiente día, la misma compañía giró un importe equivalente a US$ 1.065.000 dólares a una compañía perteneciente a otro socio de la familia Biden, de nombre James Gilliar, un antiguo oficial de las fuerzas especiales británicas con vínculos cercanos a los servicios de inteligencia ingleses y considerado como otro testaferro del presidente norteamericano.

En los documentos publicados, y según se pudo corroborar en los correos que se encontraron en la laptop de Hunter Biden, Gilliar le estaba “guardando un 10% para el Hombre Grande” a través de su compañía en Abu Dhabi, ”European Energy and Infrastructure Group (EEIG)“. En el contexto del correo, todo indica que “Big Guy” es el propio Joe Biden.

La red sigue: Otras operaciones de la familia Biden

Otra llamativa operación surgió de revisar las cuentas bancarias de James Biden. Acorde a sus propias palabras, el hermano del presidente trabajó con la firma Hill Stone International, una subsidiaria de la constructora norteamericana Hill International, la cual declaró recientemente ante la justicia que James Biden utilizó su influencia como hermano del vicepresidente (en aquél entonces) para hacer posible la realización de negocios de la compañía en Arabia Saudita.

El antiguo oficial del Departamento del Tesoro, Thomas Sullivan, quien ofició de detective privado en esta causa, declaró que James Biden intervenía por parte de Hill International debido a la ventaja competitiva que su apellido representaba. Incluso en 2012, utilizó su influencia como el hermano del vicepresidente de los Estados Unidos en una reunión celebrada con funcionarios saudíes para conseguir su dinero.

Un portavoz del Comité de Supervisión señaló a través de Fox News que están investigando el origen de la riqueza de la familia Biden a través del tráfico de influencias y las preocupaciones de que el presidente Biden pueda estar comprometido por las relaciones comerciales de su familia con adversarios de los Estados Unidos a nivel internacional.

Otro nombre que aparece en la nómina de las transferencias bancarias realizadas por Rob Walker, es el de la ex esposa de Beau Biden (hijo fallecido del presidente Biden y antiguo procurador general del estado de Delaware), Hallie Biden, quien según las investigaciones del comité, recibió dos pagos separados en el mes de marzo del año 2017 que totalizaban la suma de US$ 25.000 dólares.

Luego de que en el año 2015 Beau falleciera a causa de un tumor de cerebro, su viuda, Hallie, tuvo una relación con el infame Hunter Biden, que sería el principal vínculo con esta red criminal.

A su vez, dentro del memorandum presentado por el comité, se detallan 2 operaciones respectivas a transferencias con importes de US$ 5.000 y US$ 25.000 efectuadas por la compañía de Rob Walker hacia un beneficiario solo referido como ”Biden”, el cual muchos especulan que se trata del propio Joe Biden.

En la semana, el Departamento del Tesoro notificó a James Comer que darán al comité acceso a registros videográficos de reportes de actividades sospechosas (SAR) relacionadas a Hunter Biden, así como a su familia, algo que el legislador viene pidiendo hace meses.

A su vez, el líder del comité señaló que seguirán utilizando la evidencia documental, así como también la información bancaria y SARs con el fin de determinar si las tareas del presidente Biden se encuentran comprometidas y si existe algún riesgo para la seguridad nacional.

En sintonía con sus dichos, Comer remarcó que si el Tesoro continúa obstruyendo la investigación contra Biden, usarán todas las herramientas que tengan a disposición para asegurarse de que colaboren en la investigación.

El déficit financiero superó 6% del PBI en febrero de 2023, la cifra más extrema desde 2013 sin contabilizar el shock provocado por la pandemia. Las finanzas públicas se desequilibraron completamente por el rescate de préstamos estudiantiles. 

La agenda irresponsable del presidente Joe Biden terminó por desequilibrar completamente el ordenamiento de las finanzas públicas. Hacia agosto del año pasado, el Presidente firmó un masivo programa de rescate para eliminar hasta 10.000 dólares en la deuda suscripta por préstamos estudiantiles.

Las medidas se aplicaron para personas con ingresos anuales no superiores a los 125.000 dólares anuales (el 95% de los empleados de Estados Unidos cumplen este requisito). El ala más “progresista” y radicalizada del Partido Demócrata logró imponer su agenda electoral sobre el cada vez más débil Gobierno de Biden, y se generó un shock fiscal similar al que tuvieron los cheques familiares durante la pandemia. 

Se evitó proporcionar un debate parlamentario acerca de la propuesta de los demócratas. El Gobierno simplemente instruyó al Departamento de Educación el plan de alivio sobre préstamos estudiantiles, una maniobra que no estuvo ajena a objeciones legales por parte de la oposición.

El déficit financiero del Gobierno federal se disparó rápidamente del 3,76% del PBI en julio de 2022 al 6,1% del producto en febrero de 2023, un salto de 2,4 puntos en solo 8 meses. Asimismo, sin contabilizar la creciente factura por intereses netos de deuda el déficit primario escaló del 2% del PBI al 4,14% entre julio de 2022 y febrero de 2023 y prácticamente se duplicó.

Sin contabilizar el shock provocado por la pandemia en 2020, el déficit federal de Estados Unidos ya es el más elevado de los últimos 10 años. No se veía algo remotamente similar desde febrero de 2013. Cabe señalar que la economía estadounidense se recupera de un shock fiscal y monetario similar al que tuvieron las grandes guerras mundiales del siglo XX, pero muy a diferencia de aquel entonces no parece volver a converger hacia el equilibrio fiscal.

Mientras la brecha fiscal del sector público crece, las necesidades de financiamiento aumentan en un momento especialmente delicado debido al fuerte incremento de la tasa de política monetaria de la FED. Mayores aumentos en la tasa interés de referencia implican un también mayor encarecimiento en el costo de endeudamiento para el Estado.

La responsabilidad fiscal del Gobierno de Biden arroja una fuerte incertidumbre sobre qué tan creíble será el financiamiento no inflacionario del déficit para los próximos años. La política fiscal condiciona el canal de expectativas de la política monetaria de Jerome Powell, imponiendo así un fuerte limitante nada despreciable sobre la tasa de inflación.

Si los mercados no estuvieran dispuestos a suscribir enteramente la deuda del Tesoro estadounidense continuamente, entonces la FED se vería obligada a desplegar un rescate o “Put” sobre esos bonos con emisión monetaria, tal y como lo hizo en la pandemia para financiar los programas de asistencia familiar.