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Estados Unidos

Una auditoria forense concluyó que las máquinas electorales de Dominion fueron intencionalmente diseñadas para cambiar los resultados de la elección presidencial

La auditoria fue ordenada por un juez del condado de Antrim, Michigan, luego de que se descubriera un error que giró más de 6.000 votos de Trump a Biden. Según el auditor independiente, fue un error intencionado.

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Una auditoría forense privada ordenada por un juez del Estado de Michigan ha concluido de que las máquinas y el software de la empresa Dominion Voting System han sido diseñadas y programadas intencionalmente para crear fraude e influenciar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. 

La auditoria fue ejecutada por la empresa Allied Security Operations Group sobre máquinas utilizadas en el condado de Antrim, en el Estado de Michigan.

La misma fue liderada por Russell Ramsland, co-fundador de la empresa y experto en tecnología electoral. En su informe preliminar de 23 páginas, Ramsland concluye que el software de Dominion “está intencionalmente diseñado para crear fraude e influir en las elecciones”. 

El informe detalla cómo se lleva a cabo este fraude: “el sistema intencionalmente genera un enorme número de errores (…), estos errores conducen a una adjudicación masiva de votos sin supervisión, sin transparencia y sin auditoria. Esto conduce a un fraude electoral”. 

“La tasa de error plausible establecida por los lineamientos generales de la Comisión Federal de Elecciones es de 1 en 250.000 boletas, es decir, un 0,008%. En las maquinas analizadas observamos una tasa de error del 68,05%. Esto demuestra un error fatal en la seguridad e integridad de la elección”, prosigue el informe, en una muestra clara de la bajísima integridad que tuvo la elección. 

Además, la auditoria añade: “hemos descubierto que dos tabulaciones de votos en un municipio en Michigan fueron significativamente alteradas al utilizar dos programas de software distintos y que este problema se ha transferido a todo el Estado. Por todo lo dicho anteriormente, concluimos de que la elección no debe ser certificada”

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La auditoria ejecutada fue producto de un caso que el equipo legal de Trump llevó a la Justicia. 

El pasado 21 de noviembre, los oficiales demócratas del condado de Antrim a cargo del recuento de votos y la Secretaria de Estado, Jocelyn Benson, reconocieron que un “error humano” había transferido más de 6.000 votos de Trump hacia Biden. 

La auditoría independiente desmiente tajantemente a Benson y asegura que ese cambio y trasferencia de votos está lejos de ser por un error humano, sino que se produjo por un error interno del software de las máquinas de Dominion, que a su vez está intencionalmente designado para armar fraude. 

Esos más de 6.000 votos transferidos le habían dado la victoria a Biden en la noche del 3 de noviembre en ese condado y, si no fuera por los esfuerzos del Presidente Trump y de su equipo, los resultados se hubieran mantenido. 

Irónicamente, luego de los máximos tribunales de la república hayan ignorado su deber y hayan rechazado toda denuncia de fraude, el Presidente Trump encontró respuestas en un juez local del 13º distrito de Michigan, llamado Kevin Elsenheimer. 

Elsenheimer no sólo ordenó la auditoria forense sino que también ordenó su publicación hoy mismo, horas antes de que los 16 electores que otorga Michigan se reúnan en la Legislatura y emitan su voto a favor del candidato demócrata Joe Biden.

Aunque esto no impidió a los electores votar por Biden, las pruebas provenientes de esta auditoria llevaron a que los legisladores de Michigan envíen un grupo de electores paralelos para disputar la elección en el Congreso el próximo 6 de enero.

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Cabe destacar de que la empresa sólo obtuvo una muestra pequeña de votos para analizar del condado de Antrim. Con una estricta auditoria de estas máquinas a nivel nacional, el número de votos fraudulentos que pueden llegar a ser descubiertos a nivel estatal puede ser escalofriante. 

El problema con las máquinas de Dominion también se extiende a los otros 6 Estados denunciados por Trump como fraudulentos, especialmente en Georgia, donde los abogados Sidney Powell y Lin Wood están hace semanas denunciando el papel que jugaron estas máquinas en la elección. 

Powell y Wood habían logrado, también por decisión de un juez local, que estas máquinas no fueran reiniciadas (lo cual eliminaría toda la evidencia del resultado de la elección presidencial) debido a las carreras senatoriales a desarrollarse el próximo 5 de enero, pero esa decisión fue revertida por un tribunal superior.

Por lo pronto, en Michigan, se ha dado un paso importante para la causa del presidente Trump, pero todo dependerá si el Poder Judicial y los miembros del Congreso realmente están convencidos de disputar el resultado de las elecciones para así poder frenar el fraude. 

Todo se reduce al 6 de enero, fecha donde el Congreso se reúne para contar los votos electorales, pero sin una resolución judicial en favor de los republicanos, será casi imposible revertir el resultado.

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Estados Unidos

Corrupción explícita: Nancy Pelosi ha amasado una fortuna operando con información privilegiada

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Legisladores de ambos partidos piden poner fin a las transacciones bursátiles de los congresistas, método de inversión que ha llevado a la presidente de la Cámara de Representantes a convertirse en multimillonaria con las gigantes empresas tecnológicas como Facebook y Apple.

En los pasados días, el senador demócrata Jeff Merkley criticó duramente a Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata y Presidente de la Cámara de Diputados, luego de que defendiera sus compras y ventas de acciones en la bolsa mientras está en funciones, a pesar del enorme conflicto de interés que esto presenta.

El conflicto surge en gran parte a las operaciones realizadas por la legisladora junto a su marido, Paul Pelosi, un famoso corredor de bolsa en Nueva York, dueño de la financiera Financial Leasing Services, habiéndose transformado en una de las personas mas ricas de todo el Congreso, con una fortuna de US$ 114 millones.

Mientras legisladores republicanos y demócratas se unen para impulsar una ley que prohíba a los diputados y senadores operar con acciones mientras están en funciones, Pelosi lanzó una campaña para boicotear este proyecto.

El mayor conflicto de interés se da con las grandes compañías tecnológicas (“Big Tech”). Pelosi fue una de las grandes impulsoras tanto en el Congreso de California como en el Congreso nacional para regular a estas empresas y ayudar a crear grandes monopolios como Google, Facebook, Amazon y Apple.

Operando con acciones de las Big Tech, se estima que Pelosi ha tenido una renta financiera de más de US$ 30 millones en los últimos años.

El pasado mes, se supo que la presidente de la Cámara de Representantes junto con su esposo embolsaron millones de dólares por operaciones de tipo call en el mercado bursátil de compañías como Google, Salesforce y Roblox, a las cuales viene ayudando mediante diversas legislaciones anti libre mercado.

Pelosi, siendo uno de los miembros más ricos del Congreso con un patrimonio estimado de más de $114 millones de dólares, ha realizado incontables operaciones financieras de empresas de alta importancia como Amazon, Apple y Google.

Aunque no hay evidencias de que los Pelosi operen en el mercado de acciones con información obtenida desde fuentes internas del mercado, algo que violaría la existente STOCK Act, sus portafolios en diferentes ocasiones incluso llegaron a superar en rendimiento a la medidora S&P 500.

En el 2019 la superaron por un margen de 4,9% y en el año 2020 tuvo un rendimiento por sobre la medidora de 14,3%. En el 2021, obtuvieron un rendimiento inferior al de la medidora del 15,5%, dejándolos aún con un superávit del 3,7% con respecto a lo operado por S&P en los últimos tres años. Dado que Nancy no ha demostrado tener aptitudes financieras, se sospecha fuertemente que su marido opera por ella con información confidencial que ella le proporciona.

Además, los Pelosi dividen su tiempo entre Pacific Heights, un costoso barrio en San Francisco, y un condominio en el área de Georgetown en Washington D.C. En adición a estas propiedades, también son dueños de un viñedo en el Valle de Napa, California, que posee un valor estimado de entre 5 y 25 millones de dólares de acuerdo a un reporte financiero que permite a miembros del Congreso esconder sus patrimonios netos mediante el listado de sus propiedades en valores estimados en lugar de especificar el valor de las mismas.

Los activos actuales de los Pelosi incluyen un estimado de entre 10 y 25 millones de dólares en acciones de Amazon y Apple como así también cifras de entre 1 y 5 millones de dólares en opciones de tipo call de Google, lo cual denota uno de los portafolios más cargados de acciones de las grandes tecnológicas de todo Washington.

El distrito de Nancy Pelosi es adyacente a Silicon Valley, y se especula que toda su carrera fue financiada por este tipo de empresas que la usaron de insider para pasar leyes que los beneficiarían a cambio de que ella sepa cuándo invertir y sacar masivos réditos en la bolsa.

De acuerdo al New York Times, la diputada ha empezado tomar medidas para distanciarse de las grandes compañías tecnológicas, como rehusarse a tomar llamadas de Mark Zuckerberg luego de que Facebook (hoy META) rechazara dar de baja un video de Pelosi. Sin embargo, de acuerdo al Times, la relación continuó con las grandes tecnológicas luego de que haya tenido conversaciones con Tim Cook (CEO de Apple) acerca de legislaciones.

Incluso dentro del Partido Demócrata hay una batalla interna entre quienes piden que no se permita que esta situación continúe y quienes defienden a Pelosi. De acuerdo a una fuente interna del Partido, que habló con el Times, hay un importante bloque de diputados cansados de que no se traten de igual manera ante la ley a estas empresas.

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Tim Cook, CEO de Apple, con quien Nancy Pelosi luego de intentar distanciarse de las grandes tecnológicas, mantuvo charlas acerca de legislaciones y obtuvo ganancias por $98 millones de dólares en 2021 en acciones de Apple.

Pelosi ha sido una de las grandes defensoras de la libertad de los miembros del Congreso de operar con acciones al mismo tiempo que se sigan las reglas dictaminadas por el STOCK Act en el año 2012, según el cual los miembros del Congreso no pueden utilizar información que no sea de carácter público para generar beneficios personales.

Esta ley, aunque bien pensada conceptualmente, es casi imposible de llevarla a la práctica, por lo que los diputados y senadores siguen operando con información privilegiada sobre las distintas legislaciones que impactarán en los precios de las acciones bursátiles.

Con el avance de las operaciones virtuales debido a las imposiciones surgidas por la pandemia, también se incrementó la utilización de fuentes privadas y muchas veces internas para operar en el mercado, sin las cuales sería prácticamente imposible superar en rendimiento a ciertas medidoras como el S&P 500.

Las discusiones para crear leyes que regulen o prohíban el método que utiliza Nancy Pelosi para operar en el mercado de capitales ha traído apoyo tanto del Partido Demócrata con impulsores como la senadora Elizabeth Warren (D-MA) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), así como también del Partido Republicano con apoyo del representante Chip Roy (R-TX) y el senador Blake Masters (R-AZ), pero por ahora, el bloqueo de Pelosi ha sido inquebrantable.

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Estados Unidos

#ExposeFauci: Documentos filtrados demuestran la participación de Fauci en el Instituto de Virología de Wuhan

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DARPA analizó la investigación de coronavirus de EcoHealth en 2018 y decidió que era “muy peligrosa”. La empresa finalmente logró el apoyo de Fauci y continuó la investigación en China.

El grupo de periodismo investigativo Project Veritas, filtró esta semana una serie de documentos clasificados de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) que demuestran un vínculo entre el Dr. Anthony Fauci, la empresa EcoHealth Alliance y el Instituto de Virología de Wuhan.

En un reporte dirigido al Inspector General del Departamento de Defensa y escrito por el Mayor del Cuerpo de Marines de EE UU., Joseph Murphy, se lee que la ONG EcoHealth Alliance se acercó a DARPA en marzo de 2018, en busca de fondos para realizar una investigación de ganancia de función de los coronavirus transmitidos por murciélagos.

La propuesta, denominada Proyect Defuse, fue rechazada por DARPA por preocupaciones de seguridad y la noción de que viola la moratoria de investigación funcional de virus peligrosos.

La ganancia de función es un tipo de experimento que permite modificar geneticamente un virus para dotarlo de características que naturalmente no tiene, esto puede ser, por ejemplo, quitarle letalidad hasta un punto que sea óptimo para generar una pandemia.

Como es de público conocimiento, EcoHealth terminó asegurando su financiación del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que dirige Fauci, y trabajando en cooperación con el Instituto de Virología de Wuhan en coronavirus.

Bajo el tutelaje de Fauci, EcoHealth recibió un financiamiento por US$ 3.748.715 para “Investigar y entender el riesgo de nuevos coronavirus de murciélagos“. Este dinero fue utilizado para establecer varios laboratorios en Estados Unidos y por lo menos uno en China —el Instituto de Virología de Wuhan— para esta investigación.

Fauci ha negado bajo juramento en varias testificaciones ante el Senado que EcoHealth llevara a cabo experimentos de ganancia de función. Pero según los documentos obtenidos por Project Veritas que describen por qué se rechazó la propuesta de EcoHealth, DARPA ciertamente clasificó la investigación como ganancia de función.

Cómo el documento llegó a las manos de Project Veritas

Según reveló el CEO de Project Veritas, James O’Keefe, un informante dentro de DARPA les proporcionó este documento. A pesar de que el documento era clasificado, y no se podía acceder al mismo en las bases de datos públicas de la Agencia, no estaba marcado como tal.

El informante le dijo a O’Keefe que probablemente el documento estaba en proceso de ser eliminado cuando él lo interceptó, y por eso se le sacó la marca de clasificado.

Project Veritas se acercó a DARPA para obtener comentarios sobre los documentos ocultos y habló con el Jefe de Comunicaciones, Jared Adams, quien le dijo: “No me parece normal”, cuando se le preguntó sobre la forma en que los documentos estaban clasificados. 

Si algo reside en un entorno clasificado, entonces debe estar debidamente marcado”, dijo Adams. “No estoy nada familiarizado con los documentos sin marcar que residen en un espacio clasificado, de hecho, no deberían existir“.

“¿Quién en DARPA tomó la decisión de enterrar el informe original? Podrían haber levantado banderas rojas al Pentágono, la Casa Blanca o el Congreso en su debido momento, lo que podría haber evitado toda esta pandemia que ha provocado la muerte de 5,4 millones de personas en todo el mundo y causado mucho dolor y sufrimiento a muchos millones más”, dijo O’Keefe en un video que subió a redes sociales pero que fue censurado por Twitter y Facebook.

Los documentos filtrados

Propuesta de EcoHealth a DARPA (notar al Instituto de Wuhan entre “otros miembros”).

Informe técnico del mayor Joseph Murphy al Pentágono recomendando no financiar este proyecto, adjuntado en un correo electrónico enviado en agosto del 2021, en plena pandemia, recordando que el documento existe y sus implicancias.

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Estados Unidos

La Corte Suprema declaró inconstitucional el pase sanitario de Biden para empresas privadas

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Haciendo valer la mayoría conservadora que dejó Trump, la votación salió 6-3 en favor de bloquear el mandato de vacuna de Biden para el sector privado.

El pasado 10 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció la firma de un decreto que le exigiría a las empresas de más de 100 empleados a tener todo su personal vacunado o sufrir severas multas.

Este mandato afectaba a dos tercios de toda la fuerza laboral estadounidense, entre 90 y 100 millones de trabajadores, por lo que inmediatamente tras su firma, compañías en todo el país presentaron demandas judiciales contra la constitucionalidad de este decreto.

Así fue que el caso, 4 meses después, llegó a la Corte Suprema, donde los jueces conservadores hicieron valer la mayoría que dejó Trump en el máximo tribunal y declararon inconstitucional el pase sanitario para empresas privadas.

Si bien el decreto entró en vigencia recién este 6 de enero, millones de empresas habían empezado a despedir personal para adecuarse a este nuevo reglamento, que finalmente solo duró 7 días.

La votación salió 6-3: los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y John Roberts votaron a favor de la inconstitucionalidad, mientras que los progresistas Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonya Sotomayor votaron en contra.

Jueces de la Corte Suprema. 6 son conservadores, 3 son progresistas.

Biden se había respaldado en la función de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que fue facultada por el Congreso cuando fue creada para regular qué no se puede hacer en el ámbito laboral porque puede poner en riesgo a terceros.

“Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”, dijeron en las consideraciones los jueces en mayoría. “Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría“.

En otras palabras, según la Corte Suprema, la OSHA se excede en sus funciones al querer imponer la vacuna en los trabajadores a través de un pase laboral sanitario, y el gobierno demócrata incurrió en una inconstitucionalidad.

La otra votación: Se mantiene el pase sanitario para empleados de Hospitales públicos

Luego de derribar el mandato de vacunación de la OSHA, los jueces volvieron a votar sobre otra causa que llegó al mismo tiempo a su despacho, esta vez sobre la vacunación obligatoria para personal de salud en establecimientos públicos.

En este caso, los jueces Roberts y Kavanaugh cambiaron de parecer y se unieron con los progresistas para mantener el pase sanitario en centros de salud pública. La votación salió 5-4 en favor de la no inconstitucionalidad.

De esta manera, todos los trabajadores de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) deberán estar vacunados o podrán ser despedidos inmediatamente. Estos abarcan hospitales públicos y las clínicas privadas que reciben financiamiento del Estado.

El tribunal dijo que el mandato de vacunación para los trabajadores de la salud, a diferencia de la regulación de OSHA, se justifica con el tipo de regulaciones que los CMS han impuesto durante mucho tiempo como condición para que los proveedores de atención médica obtengan fondos federales.

En este caso, la Corte sí cree que la regulación tenga como objetivo proteger a los demás empleados y a los pacientes de estar expuestos a mayores riesgos cuando se encuentran en hospitales, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, centros de atención quirúrgica ambulatoria y otros proveedores médicos similares.

“Por lo tanto, la regla se ajusta perfectamente al lenguaje del estatuto. Después de todo, garantizar que los proveedores tomen medidas para evitar transmitir un virus peligroso a sus pacientes es consistente con el principio fundamental de la profesión médica: primero, no hacer daño”, dijo el tribunal. 

Sería muy poco convencional que una instalación que se supone debe ayudar a las personas a curarse de enfermedades, las exponga a contagiarse de COVID-19“, dijo en los argumentos la mayoría.

En la disidencia, el juez conservador Thomas escribió: “Estos casos no tienen nada que ver con la eficacia o la importancia de las vacunas contra el COVID-19. Solo tienen que ver con si CMS tiene la autoridad legal para obligar a los trabajadores de la salud, coaccionando a sus empleadores, a someterse a un procedimiento médico que no quieren y que no pueden deshacer, y yo creo que no la tienen“.

Se calcula que un 35% de los trabajadores de salud afiliados a los CMS todavía no se han vacunado, y con este fallo deberán buscar hacerlo en los próximos días o el gobierno obligará a los hospitales y clínicas adheridas que los despidan.

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