Autodefensa: El derecho natural que el liberalismo no negocia

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, recordó la visión de John Locke sobre la autodefensa como parte del derecho natural. Desde el liberalismo clásico hasta autores contemporáneos, la conclusión es clara: sin este derecho, la libertad es imposible.

En un contexto donde los gobiernos buscan ampliar su control sobre la vida de las personas, el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, reavivó un debate clave para el liberalismo: el derecho a la autodefensa.

En un reciente posteo, Álvarez explicó que, siguiendo a John Locke, “la autodefensa se deriva del derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad, que son inherentes al individuo en el estado de naturaleza”. Vinculó esta idea con la self-ownership o “propiedad sobre uno mismo”, principio que sostiene que cada persona es dueña de su cuerpo y su destino, y por lo tanto tiene un derecho natural a castigar violaciones de la ley natural, incluida la defensa personal.

Lejos de justificar la violencia indiscriminada, Locke entendía la autodefensa como una forma de preservar el orden legítimo. A diferencia de Thomas Hobbes, que veía el estado de naturaleza como caos puro, Locke lo consideraba un estado regulado por la razón. El poder de defenderse uno mismo no desaparece al ingresar a la sociedad civil: se delega parcialmente al Estado para garantizar mayor efectividad, pero subsiste como base legítima para resistir si el gobierno se convierte en opresor.

Esta visión fue compartida por otros clásicos del liberalismo. Frédéric Bastiat, en La Ley (1850), escribió: “La ley es la organización colectiva del derecho individual a la legítima defensa”. Para Bastiat, si el Estado existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad, entonces defender estos bienes no es sólo un derecho, sino un deber moral. La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense (1791) recogió la misma idea, reconociendo “el derecho del pueblo a poseer y portar armas” como salvaguarda contra la tiranía, no como privilegio para la caza deportiva.

Pensadores contemporáneos también han defendido este principio. Murray Rothbard sostuvo que “el derecho a la autodefensa es la aplicación del derecho de propiedad a la propia persona” y que prohibirlo equivale a legitimar la agresión. Para Robert Nozick, la función mínima del Estado es proteger contra la fuerza, el fraude y el robo; si ni siquiera se permite a los individuos defenderse, el Estado deja de ser protector para convertirse en cómplice de los agresores. Thomas Sowell ha sido tajante: “Cuando los ciudadanos respetuosos de la ley son desarmados y los delincuentes no, el resultado no es más seguridad, sino más víctimas”.

Como recordó Álvarez, Locke vinculaba este derecho con la posibilidad de rebelarse contra un gobierno que amenaza derechos fundamentales. Esta idea funciona como límite político: el Estado existe para proteger derechos, no para destruirlos. Cuando se anula la autodefensa, se entrega al Estado un poder sin contrapesos.

La historia confirma el riesgo. En la Alemania nazi, las leyes de control de armas de 1938 facilitaron la persecución de minorías y opositores. En la Unión Soviética, el monopolio estatal de la fuerza selló el destino de millones de personas. En ambos casos, el desarme civil fue la antesala del totalitarismo.

El discurso moderno que promueve el monopolio estatal de la seguridad suele presentarse como garantía de paz, pero la realidad es distinta. Países como Reino Unido y Australia, tras prohibir casi toda posesión de armas, no erradicaron el crimen, sino que dejaron a la población más expuesta frente a delincuentes que no respetan las leyes. En América Latina, donde los gobiernos no pueden garantizar la seguridad básica, el desarme civil roza lo absurdo: “No podemos protegerte, pero tampoco te dejaremos protegerte a vos mismo”.

El recordatorio de Álvarez sobre Locke es, en el fondo, un llamado político: el derecho a la autodefensa es inseparable de la condición de ciudadano libre. Renunciar a él es depender de la buena voluntad del poder, una apuesta que la historia ha demostrado peligrosa. La self-ownership implica que uno es dueño de su cuerpo y de su vida, y que ningún gobierno legítimo puede prohibir defenderlos. Esta línea une a Locke con Nozick, a Bastiat con Rothbard y a los Padres Fundadores con quienes hoy alertan contra el desarme.

La imagen que acompañó el mensaje de Álvarez —un hombre con espada y escudo, plantado frente a la amenaza— es la metáfora perfecta: representa al individuo que no entrega por completo su capacidad de defensa al poder político. El derecho a la autodefensa, entendido como parte del derecho natural, sigue siendo la última barrera entre la libertad y la servidumbre. Cuando un gobierno quiere suprimirlo, lo que en realidad busca es un pueblo de súbditos, no de ciudadanos. Y ahí, como enseñaron Locke y tantos otros, empieza el deber de resistir.