El primer hecho investigado ocurrió en diciembre de 2011, cuando los directivos de Visión Nocturna fueron convocados a una reunión con Rey, Rezk y Medina. Se les exigió abonar porcentajes de los contratos y contratar militantes políticos. La querella sostiene que fue un acto de extorsión directa desde la función pública.
El segundo hecho implicó un pago extra de $20 mil para asegurar un contrato y otros $20 mil mensuales para que no los molestaran más. Los acusados habrían aprovechado su posición de poder para presionar a los empresarios y sostener su influencia política.
La defensa, encabezada por Julio y Juan Deheza, calificó la denuncia como un ataque a sus clientes y descalificó al periodista Tomás Méndez. Lo calificaron de “seudoperiodista” y lo responsabilizaron de difundir evidencia parcial. La estrategia apunta a cuestionar la credibilidad de la prueba audiovisual.
En el juicio también se analiza la presunta entrega de sumas de dinero y pagos irregulares a funcionarios. Según la acusación, se estableció un cuadro tarifario de coimas que las empresas debían cumplir para mantener los contratos vigentes.
el fiscal Marcelo Hidalgo subrayó la importancia de combatir la corrupción en la administración pública.
El tercer hecho apunta a la empresa Centinela, ubicada en Alta Gracia, que también habría sido víctima de exigencias similares. Los directivos denunciaron coimas y la contratación forzada de militantes dentro de la empresa y en la Municipalidad.
Constancia Almada, querellante y viuda del titular de Visión Nocturna, contó al jurado que su empresa afrontó pérdidas y juicios laborales tras la denuncia.
La vieja política y los privilegios en juego
El juicio expone cómo los funcionarios de la vieja política pueden intentar aprovechar sus cargos para obtener beneficios ilegales. La defensa busca desviar la atención hacia los empresarios, pero la querella y las cámaras ocultas apuntan a responsabilizar a los acusados.
Si se comprueban los hechos, las consecuencias podrían ser ejemplares y marcar un precedente en Córdoba. La demora judicial de más de una década refleja la falta de control sobre los privilegios de la clase política y cómo esto afecta a ciudadanos y empresas.
El debate continuará con la presentación de las imágenes grabadas y los testimonios restantes, que podrían determinar la responsabilidad penal de los exfuncionarios. Este caso será clave para evaluar la transparencia en la gestión municipal y la protección de los derechos empresariales.
Tres exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba iniciaron un juicio por extorsión reiterada a empresas proveedoras. Mario Rey, Héctor Rezk y Guillermo Medina negaron los hechos y se abstuvieron de declarar. La causa investiga coimas y contrataciones de militantes en firmas privadas para favorecer intereses políticos.
El juicio se realiza en la Cámara 4ª del Crimen, donde se constituyó un jurado popular. Los acusados, que ocuparon cargos en la primera gestión de Ramón Mestre, son señalados por presuntas irregularidades entre 2011 y 2013. La querella sostiene que la conducta de los funcionarios dañó económicamente a las empresas y fomentó prácticas corruptas.
Durante la presentación inicial, el fiscal Marcelo Hidalgo subrayó la importancia de combatir la corrupción en la administración pública. Señaló que la prueba determinará la responsabilidad de los acusados. La defensa descalificó a las empresas querellantes y al periodista que produjo las cámaras ocultas.
Mario Rey, Héctor Rezk y Guillermo Medina negaron los hechos y se abstuvieron de declarar.
Primeros testimonios y cámaras ocultas
Constancia Almada, querellante y viuda del titular de Visión Nocturna, contó al jurado que su empresa afrontó pérdidas y juicios laborales tras la denuncia. Reclamó justicia tras más de 13 años de demora judicial. Las imágenes grabadas de manera encubierta podrían ser clave para corroborar la acusación.
