La Derecha Diario Juicio por coimas contra exfuncionarios de la gestión Mestre en Córdoba
El proceso será llevado adelante por un jurado popular y tendrá como querellantes a directivos de una firma de seguridad
El juicio por jurados comenzó en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba y pone en el centro a tres ex funcionarios municipales. Se trata de Mario Ignacio Rey, Héctor Alejandro Rezk y Guillermo Alejandro Medina, acusados de extorsionar a una empresa de seguridad. Los hechos se remontan al inicio de la primera gestión de Ramón Javier Mestre y llega a debate tras más de diez años de espera.
Los tres ex funcionarios enfrentan cargos por coautoría de extorsión reiterada en perjuicio de la firma Visión Nocturna. A Rey, además, se le imputa un intento fallido de extorsión por un hecho ocurrido en 2012. El Código Penal establece que este delito contempla penas mínimas de cinco años de prisión efectiva.
El jurado deberá analizar una serie de pruebas, entre ellas grabaciones obtenidas a través de cámaras ocultas presentadas por los denunciantes. Esas filmaciones, realizadas en reuniones públicas y privadas, incluyen imágenes y voces de los acusados. La querella está representada por la abogada Karina Zeverín, quien defiende a la empresaria María Constancia Almada.
Grabaciones y denuncias como pruebas determinantes
La querella sostiene que los acusados exigieron dinero para asegurar pagos atrasados y mantener contratos vigentes. En esas condiciones, las cámaras ocultas grabaron encuentros en oficinas oficiales y bares céntricos. Según la acusación, allí se habría expuesto un esquema de sobornos y la exigencia de contratar militantes partidarios.
Los empresarios denunciantes relataron que en una de las reuniones se presentó un “cuadro tarifario de coimas” con porcentajes aplicados a deudas anteriores. Además, se les reclamó incorporar personas vinculadas al radicalismo como empleados, pese a que cumplirían tareas dentro del municipio. En esos encuentros, incluso, se mencionó la necesidad de recuperar fondos invertidos en una interna partidaria.
Uno de los hechos imputados describe el pago de 22 mil pesos que directivos de Visión Nocturna entregaron en un bar. El dinero, según la acusación, fue destinado a destrabar pagos municipales retenidos en la gestión anterior. Este episodio constituye la base de una de las acusaciones más concretas que pesan sobre los tres exfuncionarios.
Más empresas involucradas en maniobras similares
El expediente también incluye la denuncia de Centinela, otra firma de seguridad que operaba en Alta Gracia. Sus directivos afirmaron haber sufrido presiones y exigencias de parte de los mismos funcionarios. La causa señala que también se les pidió contratar personal recomendado bajo amenaza de frenar pagos o servicios.
En este caso, los acusados habrían solicitado que se incorporara a una mujer para gestionar expedientes dentro de la Municipalidad. La denuncia sostiene que esa trabajadora era en realidad una “gestora” dispuesta a cobrar un salario abonado por la empresa privada. Además, se les indicó contratar a varios militantes como parte del acuerdo.
El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Luis Nassiz, María Antonia de la Rúa y Enrique Berger. La fiscalía está en manos de Marcelo Hidalgo, mientras que la defensa de los acusados busca desestimar las pruebas. La primera audiencia incluyó la declaración de la querellante Almada, pieza central en el proceso judicial.
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