Francia es la campeona mundial del gasto público. Con un 57,2% del PIB destinado al gasto estatal -casi un récord absoluto en la OCDE, solo superado por Finlandia este año, con un 57,5-, ha construido el modelo de redistribución más ambicioso jamás intentado en una democracia desarrollada.
Pero sus hospitales están en crisis. Sus escuelas retroceden en todas las clasificaciones internacionales. Sus infraestructuras envejecen. Su deuda supera el 110% del PIB. Y sus empresarios o las personas que realmente pagan impuestos se marchan del país debido a una fiscalidad excesivamente elevada. Francia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor presión fiscal, con un 45,3 % del PIB destinado a impuestos y cotizaciones sociales en 2024.
Para una persona normal, es un fracaso total, pero para la izquierda francesa necesitamos más Estado y más impuestos para solucionar esto…
El ejemplo francés resulta intelectualmente fascinante porque destruye el argumento progresista perfectamente. No se trata de un país pobre que no tendría con qué sostener un Estado fuerte. Es una de las seis mayores economías del mundo, con una de las administraciones más nutridas del planeta, que decidió hace cincuenta años que gravar más resolvería sus problemas sociales. Pero no funciona…
El ejemplo más clínico sigue siendo el impuesto del 75% sobre las rentas altas, instaurado por el Presidente François Hollande en 2013. Promesa de campaña emblemática del candidato socialista, símbolo de justicia fiscal para millones de votantes. Pero en dos años de aplicación, 260 millones de euros fueron recaudados (menos que el coste administrativo del propio dispositivo) y la medida provocó un éxodo acelerado de altos directivos, deportistas de élite y empresarios hacia Bélgica, el Reino Unido y Suiza. La medida se abandonó discretamente en 2014, pero sigue siendo un tótem de la izquierda y “economistas” como Thomas Piketty quieren una fiscalidad más alta en el futuro.
Entre los años 2000 y 2016, Francia perdió en promedio 10.000 contribuyentes adinerados al año. El ISF, o el impuesto sobre el patrimonio alto, había provocado, según las estimaciones del propio Ministerio de Finanzas francés, 35.000 millones de euros de fuga de capitales en dos décadas. TRENTA Y CINCO MIL MILLONES que no crearon empleos, no financiaron jubilaciones, no construyeron hospitales. Simplemente cambiaron de país. Al momento la deuda del Estado francés es de 3.500 millones de euros, pero bueno…
La izquierda tiene una respuesta, quieren gravar más, y mejor. Cerrar los resquicios fiscales, ampliar la base imponible, suprimir las excepciones, gravar más la empresas y los más ricos... Todo eso ignora una realidad empírica que el economista Arthur Laffer formuló en una servilleta de restaurante en 1974. Más allá de cierto umbral, subir las tasas impositivas reduce la recaudación. El capital es móvil, especialmente en la UE. El castigo fiscal no lo retiene, pero lo ahuyenta.
Francia es la demostración a escala real de que el Estado puede crecer indefinidamente sin mejorar los servicios que se supone debe prestar. Cada reforma fracasada genera una nueva administración encargada de supervisar la siguiente. La burocracia se alimenta de sus propias carencias, y grava a los contribuyentes para financiar su propio crecimiento. El problema de Francia es el exceso de Socialismo…
Los argentinos conocen esta mecánica mejor que nadie. El nombre es diferente, para vosotros se llama peronismo o kirchnerismo, pero la lógica es idéntica. Prometer justicia a través del gasto, financiar la deuda con más deuda, y presentar la factura a las generaciones que todavía no han votado.
Francia y Argentina comparten una misma lección : un Estado que engorda para compensar sus fracasos no los corrige, pero los institucionaliza.
