Francia es la campeona mundial del gasto público. Con un 57,2% del PIB destinado al gasto estatal -casi un récord absoluto en la OCDE, solo superado por Finlandia este año, con un 57,5-, ha construido el modelo de redistribución más ambicioso jamás intentado en una democracia desarrollada.
Pero sus hospitales están en crisis. Sus escuelas retroceden en todas las clasificaciones internacionales. Sus infraestructuras envejecen. Su deuda supera el 110% del PIB. Y sus empresarios o las personas que realmente pagan impuestos se marchan del país debido a una fiscalidad excesivamente elevada. Francia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor presión fiscal, con un 45,3 % del PIB destinado a impuestos y cotizaciones sociales en 2024.
Para una persona normal, es un fracaso total, pero para la izquierda francesa necesitamos más Estado y más impuestos para solucionar esto…
El ejemplo francés resulta intelectualmente fascinante porque destruye el argumento progresista perfectamente. No se trata de un país pobre que no tendría con qué sostener un Estado fuerte. Es una de las seis mayores economías del mundo, con una de las administraciones más nutridas del planeta, que decidió hace cincuenta años que gravar más resolvería sus problemas sociales. Pero no funciona…
El ejemplo más clínico sigue siendo el impuesto del 75% sobre las rentas altas, instaurado por el Presidente François Hollande en 2013. Promesa de campaña emblemática del candidato socialista, símbolo de justicia fiscal para millones de votantes. Pero en dos años de aplicación, 260 millones de euros fueron recaudados (menos que el coste administrativo del propio dispositivo) y la medida provocó un éxodo acelerado de altos directivos, deportistas de élite y empresarios hacia Bélgica, el Reino Unido y Suiza. La medida se abandonó discretamente en 2014, pero sigue siendo un tótem de la izquierda y “economistas” como Thomas Piketty quieren una fiscalidad más alta en el futuro.
