Durante años nos dijeron que frente al delito juvenil no había nada que hacer. Que responsabilizar era estigmatizar. Que hablar de consecuencias era punitivismo. Mientras discutían palabras, la realidad avanzaba.
Por eso impulsamos y sancionamos la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años. Una reforma largamente reclamada que vino a terminar con una anomalía: adolescentes capaces de cometer delitos gravísimos frente a un Estado que, en muchos casos, no tenía una respuesta adecuada para darles a ellos ni a sus víctimas.
Pero en la Provincia de Buenos Aires ocurrió algo insólito. La jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual decidió suspender durante sesenta días la aplicación de la ley, entre otros argumentos, por las condiciones del sistema bonaerense para recibir a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
Afortunadamente, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión y la ley volvió a estar vigente. Pero el episodio dejó un problema expuesto: la Provincia, gobernada por Axel Kicillof, no estaba preparada para aplicar una norma nacional.
Un reclamo que la dirigencia ignoró durante años
Bajar la edad de imputabilidad no es una ocurrencia libertaria. Es un reclamo que una parte importante de la sociedad sostiene desde hace más de una década. Las encuestas lo confirman de manera contundente: más de siete de cada diez argentinos apoya reducir la edad de responsabilidad penal, y ese respaldo atraviesa por completo el arco político
