Durante años nos dijeron que frente al delito juvenil no había nada que hacer. Que responsabilizar era estigmatizar. Que hablar de consecuencias era punitivismo. Mientras discutían palabras, la realidad avanzaba.
Por eso impulsamos y sancionamos la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años. Una reforma largamente reclamada que vino a terminar con una anomalía: adolescentes capaces de cometer delitos gravísimos frente a un Estado que, en muchos casos, no tenía una respuesta adecuada para darles a ellos ni a sus víctimas.
Pero en la Provincia de Buenos Aires ocurrió algo insólito. La jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual decidió suspender durante sesenta días la aplicación de la ley, entre otros argumentos, por las condiciones del sistema bonaerense para recibir a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
Afortunadamente, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión y la ley volvió a estar vigente. Pero el episodio dejó un problema expuesto: la Provincia, gobernada por Axel Kicillof, no estaba preparada para aplicar una norma nacional.
Un reclamo que la dirigencia ignoró durante años
Bajar la edad de imputabilidad no es una ocurrencia libertaria. Es un reclamo que una parte importante de la sociedad sostiene desde hace más de una década. Las encuestas lo confirman de manera contundente: más de siete de cada diez argentinos apoya reducir la edad de responsabilidad penal, y ese respaldo atraviesa por completo el arco político
De hecho, hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, en 2011, sostuvo que le parecía lógico discutir una reducción de la edad y que la decisión correspondía al Congreso.
Tampoco los 14 años constituyen una excepcionalidad internacional. Distintos países europeos y latinoamericanos establecen edades de responsabilidad penal similares o inferiores. Argentina, con un régimen que comenzaba a los 16 años, tenía una edad mínima superior a la de numerosos países.
Lo que pasó en el Congreso fue democracia, no un capricho
La Ley 27.801 no salió de un cajón ni fue impuesta por decreto. Se debatió durante meses, con la participación de todos los bloques, de especialistas, de organizaciones de víctimas y hasta de quienes se oponían a la reforma. Y cuando llegó el momento de votar en Diputados, le dimos media sanción con un resultado contundente: 149 votos afirmativos contra 100 negativos, sobre 249 legisladores presentes.
Eso es exactamente lo que tiene que pasar en una democracia: se discute, se escuchan las posiciones, y después los representantes del pueblo deciden. Punto.
Además, contrariamente a lo que pretende instalar cierto discurso garantista, el nuevo régimen no busca llenar las cárceles de chicos de 14 años. Establece medidas de responsabilización y alternativas, reservando la privación de la libertad para los supuestos previstos por la ley.
Dos preguntas que nadie quiere responder
Como representante del pueblo electo le pregunto a la Señora Jueza: si en su propia resolución reconoce que "no es necesaria la afectación o vulneración efectiva de los derechos" para suspender la ley, y que actúa en base a un "principio precautorio" frente a algo que "podría llegar a provocar" la norma, ¿con qué autoridad se arroga la potestad de frenar una ley debatida y votada democráticamente, en base a un daño hipotético que ni siquiera ha ocurrido? Cuando la Justicia empieza a legislar sobre lo que "podría pasar", deja de administrar justicia y empieza a administrar a la política. Y eso, en una república, tiene un nombre: es la extralimitación de un poder sobre el otro.
La segunda pregunta se la hago directamente al gobernador Axel Kicillof: si tanto le preocupan los adolescentes, si tanto habla de derechos y garantías, ¿por qué después de años de gestión los propios centros de detención de menores en la provincia no cumplen ni siquiera con los estándares mínimos? La propia jueza lo documenta en su fallo: institutos hacinados, sin condiciones edilicias adecuadas, sin acceso pleno a la educación ni a la formación laboral. Ese es el verdadero abandono, el que lleva la firma de quienes hoy se disfrazan de defensores de los niños, para no tener que dar explicaciones.
El problema nunca fue la ley. El problema es que la provincia, después de años de gestión kirchnerista, no tiene ni siquiera los edificios en condiciones para cumplirla.
La excusa perfecta
La discusión de fondo es sencilla: el Congreso sancionó un nuevo régimen y la Provincia debe estar en condiciones de aplicarlo. No puede convertir su propia falta de preparación en un argumento contra la ley. Mucho menos utilizar las deficiencias acumuladas durante años como excusa para evitar hacerse cargo de una responsabilidad que le corresponde.
La Cámara de Apelaciones corrigió la suspensión y la ley volvió a estar vigente. Pero lo ocurrido dejó algo en evidencia: cuando llega el momento de asumir responsabilidades, el gobierno bonaerense vuelve a encontrar una explicación afuera.
Quienes cometen delitos graves deben responder por sus actos. Pero también hay que pensar en quienes demasiadas veces fueron relegados de estas discusiones: las víctimas.
Ellas deben ser prioridad del Estado.
