Durante años, el kirchnerismo no solo administró mal la economía argentina: falsificó la realidad. No se trató de errores técnicos ni de desajustes metodológicos. Fue una decisión política consciente. Se adulteraron estadísticas públicas, se manipuló el índice de inflación, se persiguió a quienes medían precios por fuera del relato oficial y se construyó una ficción grotesca donde Argentina tenía menos pobres que Alemania y donde una familia podía vivir dignamente con seis pesos por día. Esa fue la matriz: mentir para gobernar.
El INDEC se convirtió entonces en una oficina de propaganda. No medía la economía; la maquillaba. No informaba a la sociedad; la anestesiaba. El objetivo era claro: ocultar los efectos devastadores de la emisión descontrolada, el déficit crónico y el saqueo sistemático al sector privado. En ese esquema, la inflación no era un problema a resolver, sino un dato a esconder. Y cuando la realidad amenazaba con romper el relato, se la falsificaba.
Ese patrón no es una rareza argentina. Es una constante del estatismo. Como advirtió Ludwig von Mises, cuando el Estado interviene la economía, necesita intervenir también la información. La planificación central no puede convivir con datos honestos, porque los datos honestos revelan su fracaso. Por eso el control de las estadísticas es siempre el paso siguiente al control de los mercados.
