Durante años, la Argentina construyó un sistema donde demasiadas actividades económicas dejaron de organizarse alrededor del consumidor para empezar a hacerlo alrededor de corporaciones protegidas.
El mercado inmobiliario fue uno de los casos más evidentes. Bajo la excusa de “profesionalizar” la actividad, se consolidó un esquema de matrículas obligatorias, restricciones territoriales, cajas compulsivas, aranceles mínimos y estructuras colegiadas que terminaron funcionando más como barreras de ingreso que como verdaderos sistemas de garantía para la sociedad.
Y el problema no es solamente ideológico. Es económico, cultural y empieza a ser profundamente tecnológico. Porque mientras el mundo avanza hacia modelos abiertos, plataformas inteligentes, reputación digital, sistemas de validación descentralizada y competencia basada en eficiencia real, Argentina todavía discute si una persona necesita autorización corporativa para conectar oferta y demanda en una operación comercial privada.
La intermediación inmobiliaria no es medicina, no es ingenieria estructural y no es neurocirugía. Es una actividad comercial. Y como toda actividad comercial, debería organizarse principalmente bajo principios de libertad contractual, defensa del consumidor, transparencia y responsabilidad civil posterior, no bajo sistemas cerrados que limitan artificialmente quién puede participar del mercado.
Durante décadas se instaló la idea de que restringir la competencia protegia a la sociedad. Pero la evidencia muestra exactamente lo contrario. Cuando se limita el ingreso de nuevos operadores aumentan los costos, disminuye la innovación, se cartelizan prácticas y el consumidor termina financiando estructuras que jamás eligió sostener.
Cada barrera artificial impacta directa o indirectamente sobre el precio final de alquileres, ventas y desarrollos, porque detrás de cada operación aparecen matriculas obligatorias, aportes compulsivos, cajas previsionales especificas, costos regulatorios y mecanismos corporativos que finalmente terminan trasladándose al valor de acceso a la vivienda.
El resultado es un mercado más caro, más lento y menos competitivo. Y mientras eso ocurre, el mundo cambia. La tecnologia ya transformó la manera en que las personas descubren propiedades, validan información, comparan activos y toman decisiones.
La desregulación inmobiliaria
La aparición de plataformas digitales, inteligencia artificial, reputación online, gemelos digitales, experiencias inmersivas y sistemas avanzados de comercialización vuelve cada vez más obsoleta la idea de que el valor del intermediario proviene exclusivamente de una licencia estatal.
El valor hoy proviene de la capacidad real de generar resultados. Del servicio, de la confianza, de la transparencia, de la experiencia del usuario y, sobre todo, de la competencia. La desregulación inmobiliaria no implica eliminar la actividad. Implica abriría y elevar la vara.
