Ley de glaciares: un avance real dentro de límites estructurales

La reforma de la Ley de Glaciares no es un punto de llegada. Es un movimiento en la dirección correcta dentro de un sistema que, por definición, sigue operando sobre restricciones políticas, burocráticas y coercitivas. Y entender eso es clave para no sobreactuar ni en el entusiasmo ni en la crítica.

Durante años, la normativa vigente funcionó como un ejemplo clásico de cómo una mala ley puede bloquear el desarrollo sin mejorar realmente la protección del ambiente. Bajo definiciones amplias y difusas, se terminó restringiendo la actividad productiva incluso en zonas donde no existía un impacto hídrico relevante. No era protección. Era arbitrariedad.

La reforma introduce un cambio importante. Define con mayor precisión qué debe protegerse y qué no. Eso, en términos institucionales, no es menor. Reducir la discrecionalidad es empezar a limitar el margen de la política para intervenir sin criterio. Es, en definitiva, ordenar.

Pero conviene no perder de vista el marco general. El problema de fondo no desaparece. Lo que cambia es la forma en que se administra. El Estado sigue siendo el actor que decide, regula, habilita o restringe. La diferencia es que ahora lo hace con criterios más claros. No es libertad plena. Es una mejora dentro del mismo esquema.

En ese sentido, el énfasis en el federalismo introduce otro elemento relevante. Que las provincias —titulares de los recursos naturales— tengan mayor protagonismo es un paso hacia la descentralización. Y la descentralización, en contextos de alta concentración de poder, suele ser preferible.

Ahora bien, descentralizar no es desregular completamente. Es redistribuir poder dentro del mismo sistema político. Sigue habiendo decisiones tomadas desde estructuras estatales, aunque más cercanas al territorio. Es mejor, sí. Pero no es lo mismo que trasladar la decisión al individuo o al ámbito plenamente privado.

Donde el cambio sí es más tangible es en la habilitación de actividades productivas. La posibilidad de desarrollar minería o explotación hidrocarburífera en zonas que no cumplen funciones hídricas comprobables corrige una distorsión evidente. Durante años, proyectos estratégicos quedaron paralizados no por riesgos reales, sino por indefiniciones normativas.

Y ahí aparece un punto conceptual clave. El desarrollo no es el problema. La arbitrariedad sí lo es. La civilización avanza cuando el individuo puede transformar su entorno para alcanzar sus fines. Bloquear esa posibilidad bajo criterios difusos no protege nada: simplemente congela oportunidades.

La reacción de ciertos sectores ambientalistas confirma esta tensión. No se discute sólo una ley. Se discute una visión del mundo. De un lado, la idea de que el entorno debe ser gestionado con criterios que permitan su uso productivo responsable. Del otro, una concepción que tiende a inmovilizar, a prohibir y a sustituir decisiones individuales por mandatos políticos.

La inclusión de evaluaciones de impacto ambiental mantiene, sin embargo, el ADN del sistema. Siguen existiendo instancias de control estatal que condicionan la acción privada. En algunos casos pueden ordenar. En otros, pueden convertirse en nuevas barreras. Esa ambigüedad no desaparece con la reforma.

Por eso, el punto central no es caer en la falsa dicotomía entre “todo cambió” o “no cambió nada”. Cambió algo relevante, pero dentro de límites estructurales muy claros. Es un avance. No es una ruptura.

Y probablemente no podría ser otra cosa. Los sistemas políticos no se desarman de un día para el otro. Se transforman gradualmente, en capas, corrigiendo excesos, reduciendo distorsiones y ampliando márgenes de acción.

La reforma de glaciares encaja exactamente en esa lógica. No elimina el intervencionismo. Lo vuelve menos arbitrario. No consagra la libertad plena. Pero reduce obstáculos concretos que la bloqueaban.

En un país acostumbrado a retroceder, eso ya es un dato político. Y también una señal.

Porque a veces el cambio no empieza con grandes declaraciones. Empieza cuando el margen de decisión deja de estar completamente capturado por la política y empieza —aunque sea de a poco— a volver al terreno donde siempre debió estar: el de los individuos.