Esta semana, el diputado británico Rupert Lowe depositó en Westminster un informe que su país venía evitando desde hacía una generación. El Rape Gang Inquiry Report —una investigación independiente, nutrida de testimonios de sobrevivientes, denunciantes y familias— documenta la explotación sexual organizada de niñas, en su abrumadora mayoría blancas y de clase trabajadora, a manos de bandas predominantemente musulmanas de origen paquistaní, a lo largo de décadas y en todo el territorio. La moción que Lowe presentó ante la Cámara el 16 de junio lo resume con una crudeza que ya no admite eufemismos: muchas víctimas "fueron defraudadas no solo por sus abusadores, sino por las propias instituciones encargadas de protegerlas".
Ese es el corazón del asunto, y conviene fijarlo antes de seguir. El delito de los violadores es atroz, pero no es una novedad en la historia humana: siempre hubo depredadores. Lo verdaderamente escandaloso, lo que convierte a este caso en una herida civilizatoria, es la conducta del Estado que debía proteger a esas chicas y eligió no hacerlo. Por eso la moción termina con una exigencia que debería sonrojar a toda una clase dirigente: que "ninguna consideración de sensibilidad política, de relaciones comunitarias o de miedo a ofender vuelva jamás a anteponerse a la protección de los niños".
La escala del horror
El informe —218 páginas— calcula que los abusos alcanzaron al menos 149 distritos, cerca del 40% del país, y describe un método repetido hasta el hartazgo: niñas de apenas once o doce años contactadas por hombres jóvenes que se ganaban su confianza, luego emborrachadas, drogadas, trasladadas en taxi de un pueblo a otro, violadas en grupo, filmadas para extorsionarlas, insultadas como "basura blanca" y "kuffar". Recoge testimonios de una crueldad difícil de transcribir.
Hay que ser honesto con los números, porque ahí es donde un mal artículo se cae: las cifras más resonantes que circularon —250.000 víctimas, entre 87% y 95% de agresores de fe mayoritariamente musulmana— son estimaciones del propio informe, discutidas y discutibles, y el mismo documento admite que no existe un recuento preciso "porque el Estado británico nunca lo registró". Pero ese dato, lejos de aliviar el escándalo, lo agrava: no contaron a las víctimas porque no quisieron saber cuántas eran.
Esto ya estaba probado
Nada de esto es una fantasía de "extrema derecha", como durante años se quiso despachar. Está documentado en investigaciones oficiales desde hace más de una década.
En Rotherham, el informe de Alexis Jay (2014) estableció que alrededor de 1.400 niñas fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013 por bandas en su mayoría británico-paquistaníes. Lo escribió sin anestesia: el personal sentía "nerviosismo por identificar el origen étnico de los agresores por miedo a parecer racista", y algunos recibieron instrucciones expresas de no hacerlo. En Telford, otra investigación contó más de mil víctimas en cuatro décadas, con un horror de nombre propio: Lucy Lowe, de 16 años, asesinada junto a su madre y su hermana por el taxista que la abusaba desde los 14.










