Hace pocas semanas, en la Florida International University, expuse ante académicos, analistas y funcionarios especializados en defensa y seguridad hemisférica una idea que define el momento que vivimos: el extremo sur del continente es nuestro punto de partida.
Lo planteé como lectura estratégica de un escenario global que se ha transformado de manera profunda y duradera.
El mundo ha cambiado. Y ha cambiado la naturaleza misma de las amenazas que los Estados deben enfrentar. Hoy convivimos con la competencia estructural entre grandes potencias, con amenazas híbridas que difuminan los límites entre paz y guerra, con actores transnacionales que operan en los márgenes del sistema interestatal, y con disputas tecnológicas que redefinen la correlación de fuerzas a una velocidad inédita.
Ese es el diagnóstico que comparten hoy los principales foros de defensa y seguridad internacional. Y desde allí debe construir la Argentina su posición.
Un escenario que cambia las preguntas
Durante décadas, el debate sobre defensa en nuestro país giró, con razón, en torno al rol del poder militar en un Estado democrático. Fue una discusión necesaria, que dejó marcos legales e institucionales valiosos. Pero ese debate pertenece al tiempo que lo generó.
Las preguntas que hoy nos plantea el mundo son otras.
¿Cómo proteger la infraestructura energética crítica —Vaca Muerta, los gasoductos, las plataformas offshore— frente a amenazas estatales, paraestatales o criminales? ¿Cómo garantizar la soberanía en el Atlántico Sur y en la Antártida en plena competencia global por recursos estratégicos? ¿Cómo enfrentar operaciones de influencia, ciberataques y redes híbridas con instrumentos diseñados para otra clase de conflictos?
Son los escenarios que gestionan hoy los ministerios de defensa de los países que tomamos como referencia. Y son los escenarios para los que la Argentina debe estar preparada.
La oportunidad argentina es real. Su posición geográfica, su disponibilidad de recursos naturales estratégicos y su voluntad de insertarse como socio serio y previsible en el sistema internacional la colocan en un lugar de relevancia creciente. En la conferencia del Escudo de las Américas planteamos con claridad nuestras aspiraciones: liderar la proyección hacia el continente antártico, ser la base logística más sólida hacia el sur, y asumir responsabilidades concretas en la protección de objetivos de alto valor en el hemisferio.
Aspirar a ese rol exige coherencia entre las palabras y las capacidades.
Lo que la transformación requiere
Cuando hablamos de poner a punto las Fuerzas Armadas, pensamos habitualmente en equipamiento: aviones, fragatas, sistemas de ciberdefensa. Todo eso importa. La llegada de los primeros F-16, la integración operativa con la Armada de los Estados Unidos durante el paso del portaaviones Nimitz, los ejercicios combinados con fuerzas especiales en distintos puntos del territorio nacional son señales concretas de una dirección que el país ha tomado y que conviene sostener.
Pero la transformación va más allá del plano operativo. Una fuerza armada del siglo XXI opera dentro de un sistema institucional coherente, con marcos normativos que le permiten cumplir sus funciones con eficacia y con los controles que el Estado de derecho exige.
Y exige, además, herramientas de financiamiento a la altura del desafío. El Decreto N° 314/26 puso en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino —Plan ARMA—, una herramienta destinada a generar fuentes de financiamiento adicionales y sostenidas para los proyectos estratégicos de reequipamiento. El Plan ARMA representa un salto cualitativo en la manera en que el Estado argentino sostiene económicamente a sus Fuerzas Armadas, dentro del marco de responsabilidad fiscal que define a esta gestión.
En paralelo, el funcionamiento operativo de las fuerzas está plenamente garantizado: el racionamiento, el combustible, el mantenimiento y las erogaciones esenciales para el desarrollo de las actividades militares, logísticas y operacionales se preservaron íntegramente en las adecuaciones presupuestarias del último período. Las compensaciones efectuadas respondieron, en su mayor parte, a reordenamientos entre programas solicitados por las propias jurisdicciones militares, una señal de madurez institucional en la gestión de sus recursos.
Una deuda institucional saldada
En el escenario global actual, atravesado por incertidumbre y amenazas estratégicas, la Argentina tenía además una deuda institucional pendiente.
Durante casi veinte años, el sistema de inteligencia de la defensa operó con una anomalía ajena a cualquier sistema de referencia comparable: la separación artificial entre las funciones de inteligencia y las de contrainteligencia militar. Esa división, establecida por criterios doctrinarios con un sesgo ideológico preciso, generó vulnerabilidades reales: limitó la capacidad de detectar operaciones de influencia sobre el personal militar, de proteger información sensible, de resguardar infraestructuras y capacidades frente a actores externos.
Todo sistema de defensa serio que deba proteger sus capacidades estratégicas integra esas funciones. Así operan los aliados con quienes buscamos interoperar y así opera cualquier arquitectura de defensa contemporánea. La Argentina, durante ese período, fue una excepción sostenida en la ideología antes que en la lógica.
La resolución que el Ministerio de Defensa impulsó este año corrige esa anomalía. Reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa, fortalece la conducción conjunta, integra el sistema dentro del nuevo esquema de coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional y mantiene, con toda claridad, las prohibiciones legales vigentes respecto de cualquier actividad vinculada a política, sindicatos, organizaciones sociales o actividades lícitas ajenas al ámbito específico de la defensa.
Se trata de restituir capacidades básicas de prevención que toda arquitectura de defensa contemporánea necesita para funcionar. La reforma institucional es condición de la transformación militar.
La coherencia como activo estratégico
En un mundo más competitivo, más incierto, donde las amenazas se mueven más rápido que los marcos regulatorios, la previsibilidad es un activo estratégico. Los países predecibles en sus compromisos, consistentes en sus decisiones y sólidos en sus instituciones son los que construyen las alianzas más duraderas.
La Argentina quiere ser ese país. Y en buena medida ya está siéndolo.
Esa aspiración exige, sin embargo, coherencia entre todos los planos: el discursivo, el operativo y el normativo. Decir que somos socios estratégicos requiere sistemas de defensa en condiciones de operar con los estándares que esa asociación demanda. Renovar el equipamiento requiere marcos institucionales acordes al escenario que enfrentamos.
Las Fuerzas Armadas argentinas conservan algo que el tiempo ha respetado: su ethos profesional. Cuatro décadas de dificultades presupuestarias, de restricciones operativas y de maltrato institucional preservaron, sin embargo, la identidad de una fuerza que sigue formando líderes, que elige la disciplina y la excelencia como valores propios, y que ve en cada generación de oficiales y suboficiales la capacidad de estar a la altura del país que deben servir.
Sobre esa base estamos construyendo. Partimos de lo que siempre estuvo ahí: una institución que se mantuvo en pie cuando todo se complicaba, y que ahora tiene la oportunidad histórica de crecer a la altura de los desafíos que el siglo XXI le presenta.
El sur no es el final del mapa. Es nuestro punto de partida. Para honrar ese punto de partida, el Estado argentino debe estar a la altura del mundo que viene.
Estamos en eso.
Carlos Alberto Presti es Teniente General y Ministro de Defensa de la Nación Argentina.
