La ONU no puede hacer cumplir sus resoluciones pero quiere ordenar tu vida

Las instituciones empiezan a morir mucho antes de desaparecer. Mueren cuando conservan sus edificios, sus ceremonias y sus discursos, pero aquello que dicen deja de producir consecuencias. Una regla que puede incumplirse indefinidamente sin costo deja de comportarse como regla. Y una organización que exige obediencia donde no tiene mandato mientras resulta impotente donde sí lo tiene termina vaciando su propia autoridad.

Ese fue el corazón de los dos primeros bloques del discurso de Javier Milei ante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas. El Presidente ordenó su crítica alrededor de una contradicción brutal: primero, aquello que la ONU debía hacer y no hizo; después, aquello que no debía hacer y terminó haciendo de todas formas. Naciones Unidas nació para sostener el derecho internacional, preservar la soberanía de los Estados, proteger derechos fundamentales y ofrecer mecanismos para resolver conflictos sin recurrir a la violencia. El problema es que sus palabras dejaron de pesar sobre los hechos.

Malvinas es la prueba más evidente. Desde la Resolución 2065 de 1965, Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y ha reclamado reiteradamente que ambas partes retomen negociaciones. Sin embargo, la disputa sigue abierta y el Reino Unido continúa tomando decisiones unilaterales en el área en conflicto. La ONU reconoce el problema, emite resoluciones y reclama negociaciones, pero no consigue modificar la realidad.

Ahí aparece una de las ideas más potentes del discurso de Milei: una regla que puede violarse una y otra vez sin consecuencias deja de funcionar como regla. No importa cuántos sellos, comités o declaraciones la acompañen. Si quien incumple no paga ningún costo y quien cumple no obtiene ningún beneficio, la autoridad termina desgastándose. Por eso el Gobierno decidió llevar esa conclusión al terreno práctico mediante procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área disputada y nuevas herramientas jurídicas destinadas a elevar el costo de operar allí sin autorización argentina. El giro es claro: dejar de tratar la soberanía como una carpeta diplomática y empezar a tratarla como una relación de poder.

Pero el segundo problema señalado por Milei es todavía más incómodo. Mientras la organización fue perdiendo eficacia frente a disputas de soberanía, dictaduras, terrorismo, persecuciones y conflictos armados, amplió progresivamente su actividad hacia ámbitos económicos, ambientales, migratorios, sanitarios y culturales. Agenda 2030, políticas de género, regulación económica, migración y lineamientos sanitarios pasaron a integrar una maquinaria internacional cada vez más dispuesta a orientar decisiones que antes pertenecían casi exclusivamente a los Estados.

La contradicción puede resumirse de una manera sencilla: donde la ONU debería conseguir resultados, produce resoluciones; donde debería respetar límites, produce agendas. Milei describió esa combinación como una mezcla de “anarquía y tiranía”: incapacidad para hacer cumplir las reglas frente a quienes las violan y expansión del poder burocrático sobre quienes permanecen dentro del sistema.

La pandemia mostró hasta dónde podía llegar esa lógica. Los confinamientos restringieron circulación, actividad económica, educación presencial y libertades civiles, mientras organismos internacionales ganaban protagonismo en decisiones que afectaban directamente la vida cotidiana de millones de personas. Claramente, ese episodio mostró el peligro de una burocracia supranacional que deja de coordinar entre Estados y comienza a intervenir sobre cómo deben vivir sus ciudadanos.

Ahí se unen perfectamente los dos bloques del discurso. Una institución que no consigue imponer las reglas que justifican su existencia, pero pretende aumentar su influencia sobre sociedades democráticas, termina invirtiendo su propio mandato. Es débil frente al que rompe el orden y fuerte frente al que todavía permanece dentro de él.

La crítica, entonces, no es simplemente que la ONU haga demasiado. Es mucho más profunda: hace demasiado donde debería abstenerse y demasiado poco donde debería actuar. Ese desequilibrio explica buena parte de su pérdida de autoridad, porque las instituciones internacionales no se sostienen solo con edificios, protocolos y cumbres. Se sostienen porque los actores relevantes creen que sus decisiones importan. Cuando esa convicción desaparece, lo que queda es burocracia.

Malvinas muestra el problema desde un extremo: resoluciones que no consiguen resolver la disputa. La expansión burocrática lo muestra desde el otro: cada vez más recomendaciones, estándares y agendas sobre asuntos que afectan directamente la vida interna de los países. Por eso el planteo de Milei no es una provocación diplomática menor, sino una discusión sobre qué tipo de orden internacional puede conservar legitimidad en el siglo XXI.

Si Naciones Unidas quiere seguir siendo algo más que un foro de discursos, tendrá que volver a hacer bien aquello para lo que fue creada antes de seguir diciéndole al mundo cómo debe vivir.