La ONU no puede hacer cumplir sus resoluciones pero quiere ordenar tu vida

Ahí aparece una de las ideas más potentes del discurso de Milei: una regla que puede violarse una y otra vez sin consecuencias deja de funcionar como regla. No importa cuántos sellos, comités o declaraciones la acompañen. Si quien incumple no paga ningún costo y quien cumple no obtiene ningún beneficio, la autoridad termina desgastándose. Por eso el Gobierno decidió llevar esa conclusión al terreno práctico mediante procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área disputada y nuevas herramientas jurídicas destinadas a elevar el costo de operar allí sin autorización argentina. El giro es claro: dejar de tratar la soberanía como una carpeta diplomática y empezar a tratarla como una relación de poder.

Pero el segundo problema señalado por Milei es todavía más incómodo. Mientras la organización fue perdiendo eficacia frente a disputas de soberanía, dictaduras, terrorismo, persecuciones y conflictos armados, amplió progresivamente su actividad hacia ámbitos económicos, ambientales, migratorios, sanitarios y culturales. Agenda 2030, políticas de género, regulación económica, migración y lineamientos sanitarios pasaron a integrar una maquinaria internacional cada vez más dispuesta a orientar decisiones que antes pertenecían casi exclusivamente a los Estados.

La contradicción puede resumirse de una manera sencilla: donde la ONU debería conseguir resultados, produce resoluciones; donde debería respetar límites, produce agendas. Milei describió esa combinación como una mezcla de “anarquía y tiranía”: incapacidad para hacer cumplir las reglas frente a quienes las violan y expansión del poder burocrático sobre quienes permanecen dentro del sistema.

La pandemia mostró hasta dónde podía llegar esa lógica. Los confinamientos restringieron circulación, actividad económica, educación presencial y libertades civiles, mientras organismos internacionales ganaban protagonismo en decisiones que afectaban directamente la vida cotidiana de millones de personas. Claramente, ese episodio mostró el peligro de una burocracia supranacional que deja de coordinar entre Estados y comienza a intervenir sobre cómo deben vivir sus ciudadanos.

Ahí se unen perfectamente los dos bloques del discurso. Una institución que no consigue imponer las reglas que justifican su existencia, pero pretende aumentar su influencia sobre sociedades democráticas, termina invirtiendo su propio mandato. Es débil frente al que rompe el orden y fuerte frente al que todavía permanece dentro de él.

La crítica, entonces, no es simplemente que la ONU haga demasiado. Es mucho más profunda: hace demasiado donde debería abstenerse y demasiado poco donde debería actuar. Ese desequilibrio explica buena parte de su pérdida de autoridad, porque las instituciones internacionales no se sostienen solo con edificios, protocolos y cumbres. Se sostienen porque los actores relevantes creen que sus decisiones importan. Cuando esa convicción desaparece, lo que queda es burocracia.

Malvinas muestra el problema desde un extremo: resoluciones que no consiguen resolver la disputa. La expansión burocrática lo muestra desde el otro: cada vez más recomendaciones, estándares y agendas sobre asuntos que afectan directamente la vida interna de los países. Por eso el planteo de Milei no es una provocación diplomática menor, sino una discusión sobre qué tipo de orden internacional puede conservar legitimidad en el siglo XXI.

Si Naciones Unidas quiere seguir siendo algo más que un foro de discursos, tendrá que volver a hacer bien aquello para lo que fue creada antes de seguir diciéndole al mundo cómo debe vivir.