El rechazo en la Cámara de Diputados al DNU que destinaba $100.000 millones a fortalecer la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) representa un golpe fuerte para la seguridad y la defensa de la Argentina, y la somete a permanecer en un lugar de indefensión y aislamiento internacional.
El desfinanciamiento de los servicios de inteligencia argentinos comenzó a fines de la década del ‘80 y poco tiempo después tuvo sus consecuencias: los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA se produjeron, en gran medida, por la falta de profesionalidad y la corrupción dentro del organismo de inteligencia.
Desde aquel entonces, no se desarrolló una política seria ni estratégica para otorgar los recursos que le corresponden a la Secretaría. Mucho menos se intentó hacerla más eficiente ni “sanear” sus vínculos con la Justicia. Por el contrario, fue utilizada como un mecanismo de espionaje a merced del gobierno de turno.
En ese sentido, no creo necesario recordar que los ataques terroristas más importantes sufridos en nuestro territorio quedaron impunes, ni lo que sucedió con el fiscal Nisman, o las denuncias por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ahora bien, la reestructuración de los servicios de inteligencia bajo la nueva SIDE, sumado a este presupuesto adicional para compensar la degradación histórica que ha sufrido el organismo, parecía ser un punto de inflexión. Sin embargo, los intereses personales y los acuerdos políticos una vez más se interpusieron con el futuro de los argentinos.
Esta situación cobra particular relevancia ante el contexto internacional, por demás delicado tras el fraude electoral sucedido en Venezuela, que prolongó la dictadura de Nicolás Maduro hasta el 2031, y pone en jaque a toda la región en términos de seguridad y defensa.
Las elecciones en Venezuela no fueron más que un mecanismo de distracción para esconder lo que verdaderamente importa: la necesidad que tiene el eje Rusia-China-Irán de ejercer el control del Mar Caribe para adueñarse del monopolio del comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Sin ir más lejos, Rusia brinda entrenamiento militar y armamento especial a Venezuela, como bombas inteligentes, drones armados de largo alcance, cohetes y misiles crucero y lanchas rápidas para asaltos anfibios, entre otros. Por eso, Maduro está más que preparado para encabezar operaciones asimétricas -más conocidas como guerra de guerrillas- y concretar en el corto plazo sus intenciones de una ofensiva militar contra Guyana con el objetivo de obtener ventajas logísticas en el transporte de armamento, tropas y otras “mercancías”.
