Las instituciones más difíciles de cuestionar son aquellas que se presentan revestidas de una finalidad moral indiscutible. Nadie desea defender criminales de guerra, genocidas o torturadores. Precisamente por eso conviene desconfiar cuando una causa justa comienza a utilizarse para justificar poderes cada vez más amplios. Cuanto más noble es la misión que una institución se atribuye, más necesario resulta preguntarse quién controla los medios que emplea para cumplirla.
La discusión reapareció esta semana en Panamá. Pete Hegseth pidió a los integrantes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonen la Corte Penal Internacional. El planteo forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra un tribunal permanente que actualmente reúne a 125 Estados parte y que puede investigar algunos de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.
Pero reducir el debate a Trump contra la CPI sería perder lo verdaderamente interesante. La pregunta de fondo es si concentrar cada vez más capacidad de juzgar y castigar en una institución internacional mejora necesariamente la justicia o simplemente crea un monopolio coercitivo más distante.
Existe una presunción profundamente arraigada según la cual los problemas globales requieren autoridades globales. Si un delito trasciende fronteras, se concluye que también debe hacerlo el organismo encargado de perseguirlo. El razonamiento parece intuitivo, pero contiene un salto lógico. Que determinados crímenes requieran cooperación internacional no demuestra que esa cooperación necesite culminar en una estructura permanente con pretensión creciente de jurisdicción.
Cooperar no es lo mismo que centralizar. Las personas, empresas e instituciones cooperan diariamente sin entregar a una organización única el poder exclusivo de resolver todas sus controversias. Existen contratos, arbitrajes, acuerdos entre partes y múltiples mecanismos capaces de coordinar conductas sin convertir cada problema complejo en una nueva burocracia central.
La justicia tampoco escapa al problema del conocimiento. Un tribunal distante debe reconstruir hechos ocurridos en sociedades diferentes, interpretar cadenas de mando complejas y determinar responsabilidades individuales mediante información inevitablemente incompleta. Ningún magistrado posee conocimiento omnisciente. Cuando además desaparecen la competencia institucional y los mecanismos efectivos para corregir errores, una equivocación deja de ser solamente un fallo judicial y puede transformarse en política permanente.
Aquí aparece el problema central del monopolio. En cualquier actividad humana, la competencia obliga a revisar procedimientos, reputación y resultados. Quien sistemáticamente se equivoca pierde clientes, recursos o autoridad. Una institución que administra coerción, en cambio, puede convertir su propia permanencia en prueba de necesidad. Sus errores tienden a justificar nuevas competencias, mayores presupuestos y más capacidad de intervención.
La Corte sostiene que su misión es intervenir frente a genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, y funciona bajo el Estatuto de Roma como tribunal penal internacional permanente. Esa misión puede resultar moralmente atractiva. Pero la gravedad de los delitos que persigue no debería disminuir nuestro escrutinio sobre el poder que utiliza; debería aumentarlo.
Hay además una diferencia fundamental entre justicia y castigo. La justicia exige determinar responsabilidad individual, reparar cuando sea posible y aplicar reglas conocidas. El castigo requiere fuerza. Confundir ambas cosas lleva fácilmente a creer que cuanto mayor sea la capacidad coercitiva de un tribunal, mayor será también la justicia que produce.
Precisamente allí conviene invertir la pregunta habitual. En lugar de preguntarnos cómo darle más poder a una institución para combatir males indiscutibles, deberíamos preguntarnos qué mecanismos impiden que ese poder se expanda más allá del propósito que originalmente lo justificó.
Incluso el debate contemporáneo sobre justicia y seguridad empieza a admitir que servicios tradicionalmente considerados monopolios inevitables pueden imaginarse mediante arreglos competitivos, arbitraje y mecanismos alternativos. Milei recuperó recientemente esa discusión al destacar la obra de David Friedman y su exploración de sistemas privados de justicia, defensa y resolución de conflictos.
El desafío que Trump plantea a la CPI importa por eso mucho más allá de Washington o La Haya. La justicia deja de ser más justa cuando simplemente aumenta la distancia entre quien ejerce la coerción y quien debe padecer sus errores. Una civilización libre no necesita encontrar al juez definitivo. Necesita evitar que cualquier juez llegue alguna vez a creer que lo es.
