Las instituciones más difíciles de cuestionar son aquellas que se presentan revestidas de una finalidad moral indiscutible. Nadie desea defender criminales de guerra, genocidas o torturadores. Precisamente por eso conviene desconfiar cuando una causa justa comienza a utilizarse para justificar poderes cada vez más amplios. Cuanto más noble es la misión que una institución se atribuye, más necesario resulta preguntarse quién controla los medios que emplea para cumplirla.
La discusión reapareció esta semana en Panamá. Pete Hegseth pidió a los integrantes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonen la Corte Penal Internacional. El planteo forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra un tribunal permanente que actualmente reúne a 125 Estados parte y que puede investigar algunos de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.
Pero reducir el debate a Trump contra la CPI sería perder lo verdaderamente interesante. La pregunta de fondo es si concentrar cada vez más capacidad de juzgar y castigar en una institución internacional mejora necesariamente la justicia o simplemente crea un monopolio coercitivo más distante.









