Las sociedades suelen creer que el poder puede limitarse a sí mismo. Es una idea tranquilizadora. Consiste en imaginar que basta con dividir una misma estructura en distintas oficinas para que cada una controle a las demás. Sin embargo, la historia demuestra que los incentivos rara vez funcionan de esa manera. Quienes forman parte del poder suelen tener más intereses en común entre ellos que con los ciudadanos a quienes dicen representar.
El episodio ocurrido en el Palacio del Planalto volvió a poner esa cuestión sobre la mesa. Al finalizar un acto oficial, un micrófono abierto registró una conversación informal en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva invitó al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a tomar un café. El video, difundido por la propia transmisión oficial, se viralizó rápidamente debido al contexto político brasileño y a las tensiones que rodean tanto al Gobierno como al máximo tribunal.
El verdadero debate, sin embargo, no gira alrededor de un café. Gira alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Puede el poder controlarse verdaderamente a sí mismo?
La teoría constitucional responde que sí. Para eso existen la división de poderes, los controles cruzados y las garantías institucionales. Pero la práctica suele ser bastante más compleja. Los jueces son designados mediante acuerdos políticos. Los presupuestos de los tribunales dependen del Estado. Las competencias de cada poder son definidas por normas creadas por el propio aparato estatal. Quienes integran esas instituciones no operan en universos separados; forman parte de una misma estructura cuyos incentivos muchas veces convergen.
Desde la tradición liberal clásica siempre existió una profunda desconfianza hacia la concentración del poder. Pero la crítica libertaria va un paso más allá. El problema no consiste únicamente en que un poder pueda abusar de otro. El problema es creer que una organización puede convertirse simultáneamente en juez y parte de sus propios límites.
Murray Rothbard observaba que el Estado posee una característica singular. A diferencia de cualquier organización privada, reclama el monopolio legítimo de la coerción y, al mismo tiempo, establece los mecanismos encargados de supervisar el ejercicio de ese monopolio. En otras palabras, el Estado diseña las reglas mediante las cuales será controlado. Esa paradoja explica por qué los supuestos contrapesos institucionales no siempre funcionan como la teoría promete.
Desde esa perspectiva, el episodio entre Lula y Moraes adquiere otro significado. No porque demuestre una coordinación indebida ni porque permita conocer el contenido de una conversación privada. Su importancia radica en que vuelve visible algo que normalmente permanece oculto: la cercanía natural entre quienes integran la misma estructura de poder.
Los defensores del statu quo suelen responder que las relaciones personales no afectan necesariamente la independencia institucional. Es cierto. Un café no prueba favoritismos ni acuerdos políticos. Pero tampoco elimina una pregunta inevitable: si los mecanismos de control dependen de personas designadas, financiadas y sostenidas por la misma organización que deben limitar, ¿hasta dónde llega realmente esa independencia?
Las instituciones no fracasan únicamente cuando violan la ley. También se debilitan cuando descansan demasiado sobre la confianza en las personas y demasiado poco sobre incentivos capaces de contener el poder. La tradición liberal nunca se construyó sobre la esperanza de encontrar gobernantes virtuosos. Se construyó sobre la convicción de que incluso los gobernantes más virtuosos responden a incentivos.
Quizás el mayor error del constitucionalismo moderno haya sido creer que el poder puede fabricar sus propios límites. El micrófono abierto en Brasil no reveló una conspiración ni resolvió ese viejo debate. Pero recordó algo que los libertarios vienen señalando desde hace décadas: cuando el Estado se controla únicamente a sí mismo, la independencia institucional deja de ser una garantía y empieza a convertirse en un acto de fe.
