El próximo 18 de octubre se cumplirán cinco años desde el estallido social de izquierda en Chile en 2019, un evento que cuestionó la institucionalidad y dio lugar a dos procesos constituyentes fallidos.
Las manifestaciones de los estudiantes secundarios de extrema izquierda, utilizando de excusa el "aumento en la tarifa del subte", fueron el preludio de violentas protestas a nivel nacional, donde se exigía "igualdad" en todos los ámbitos, junto con graves ataques a las instituciones de la democracia.
Además, los manifestantes de izquierda destrozaron más de un centenar de estaciones de subte y saquearon supermercados y comercios. En el marco del quinto aniversario de estos acontecimientos, los chilenos se dieron cuenta de su error y modificaron su postura sobre lo sucedido.
En diciembre de 2019, un 55% manifestaba su apoyo a las protestas, mientras que actualmente esa cifra cayó a solo un 23%, de acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada este jueves.
Al hacer un balance, la mitad de los encuestados sostiene que el estallido social fue perjudicial para Chile. "Considerando tanto lo bueno como lo malo, ¿diría usted que el estallido social fue muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para el país?", fue la consulta. El 50% respondió que era "muy malo o malo"; un 30% lo calificó como "regular"; y un 17% como "muy bueno o bueno".
El debate sigue vigente en el país latinoamericano y, a medida que pasa el tiempo, los chilenos parecen alejarse cada vez más de lo ocurrido. A finales de 2019, solo el 11% rechazaba las movilizaciones, una cifra que ahora asciende al 34%.
Aquellos que inicialmente reconocieron haberlas apoyado, pero que luego cambiaron de opinión, representan un 16%, cinco veces más que en agosto de 2021, según el sondeo del CEP, uno de los indicadores más esperados sobre la opinión pública chilena.
Sandra Quijada, investigadora y Coordinadora del Área de Opinión Pública del centro, afirmó que todas las categorías relacionadas con la percepción de las protestas "presentan variaciones estadísticamente significativas" en comparación con mediciones anteriores.
El quinto aniversario del estallido encuentra a los chilenos profundamente preocupados por la crisis de seguridad. El 57% de los encuestados opina que la delincuencia, robos y asaltos deberían ser la problemática a la que el Gobierno socialista de Gabriel Boric debe dedicar más esfuerzos para resolver, la misma cifra que en la medición anterior (junio y julio).
El narcotráfico ocupa el segundo lugar, con un 33%, lo que representa un aumento de 11 puntos respecto al periodo anterior. La encuesta, que se basó en entrevistas presenciales a cerca de 1.500 chilenos en todo el país, se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre, antes de los 37 homicidios registrados durante la semana de celebración de las Fiestas Patrias.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó que la mayoría de los delitos fueron marcados "por el uso de armas de fuego" en un contexto de "criminalidad y drogas".
La Policía de Investigaciones (PDI) es la institución en la que más confían los ciudadanos, con un 59%, siete puntos más que en la última medición. Por otro lado, Carabineros, que fue duramente criticada y atacada por la ciudadanía hace cinco años, ahora cuenta con un apoyo del 57%.
Las pensiones (32%), la salud (28%) y la educación (23%) son los otros problemas que más preocupan a los chilenos y que esperan que la Administración de izquierda aborde. Solo el 30% de los chilenos aprueba la forma en que el presidente Boric está gestionando su Gobierno, mientras que un 54% la desaprueba.
La conmemoración del estallido coincide con la antesala de las elecciones municipales y de gobernadores (26 y 27 de octubre). Estos comicios suelen generar gran interés entre los analistas, ya que reflejan el estado de ánimo de los chilenos hacia las diferentes fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales, que se celebran un año después.
Los ciudadanos parecen tener una percepción distinta: un 31% indica que está "poco o nada interesado" en el proceso, un 40% "algo interesado" y un 27% "muy interesado o bastante interesado".
Todo esto ocurre en un contexto donde la confianza en el sistema político es muy baja. Los partidos políticos tienen un nivel de confianza del 4% y el Congreso del 8%. Además, el 63% de los encuestados no se identifica ni simpatiza con ninguna de las 22 fuerzas políticas existentes.
