A casi un mes de la votación en el Concejo Deliberante, la norma que regula a las aplicaciones de transporte continúa sin ponerse en marcha.El 14 de agosto se aprobó el marco legal con amplio apoyo, pero aún falta la reglamentación del Ejecutivo municipal. Sin este paso, no hay certezas sobre inscripción, controles ni límites de habilitaciones.
La indefinición mantiene trabados puntos centrales como el registro digital de choferes, las inspecciones virtuales y la definición de cupos. Ese aspecto fue el más discutido durante el debate legislativo y hoy concentra la mayor tensión entre plataformas y gremios. Desde el Ejecutivo había versiones de inminente reglamentación, pero nada se oficializó.
Voceros municipales indicaron que “se está trabajando con todas las áreas involucradas” para definir el sistema de inscripción digital. Aseguraron que ya hubo reuniones con taxistas y remiseros para avanzar en los aspectos más complejos. También señalaron que se diseña un software que reunirá la documentación para emitir habilitaciones.
El 14 de agosto se aprobó el marco legal con amplio apoyo
El frente judicial y la resistencia sindical
El Sindicato de Peones de Taxi presentó un amparo para intentar frenar la aplicación de la ordenanza aprobada en agosto. La acción fue presentada el 9 de septiembre por sus abogados en la Justicia provincial. Según explicaron, buscan “resguardar los puestos de trabajo” frente a lo que definen como competencia desleal.
El gremio insiste en que la regulación deja en “vulnerabilidad” a los taxistas y amenaza con la “extinción” del servicio tradicional en la ciudad. La postura muestra la misma resistencia que ya expresaron en protestas anteriores, cuando paralizaron el centro con piquetes y bloqueos. En lugar de adaptarse al cambio, apuestan otra vez al conflicto.
Su secretario general, Héctor Miguel Arias, ya adelantó que habrá más medidas judiciales contra la normativa. El sindicalismo del taxi repite el libreto de victimización con frases sobre “intereses extranjeros” y “abandono político”. La estrategia evidencia su negativa a aceptar la modernización de un servicio que la sociedad ya eligió.
Miguel Arias, titular del sindicato de peones de Cordoba
Qué falta definir para la implementación
La reglamentación pendiente debe establecer cómo se inscribirán digitalmente las plataformas, propietarios y choferes. También deberá detallar plazos y modalidades de control. Otro aspecto clave es el límite de licencias, que podría restringir la cantidad de vehículos autorizados.
El artículo 9 habilita al Ejecutivo a fijar un número máximo de autos según demanda y densidad poblacional. Esa decisión genera división política y rechazo de empresas y gremios. La demora además deja sin claridad el período de transición de seis meses sin sanciones para choferes de aplicaciones.
La ordenanza creó la figura de “servicio privado de interés público” y fijó exigencias de seguros, licencias y antigüedad de vehículos. También estableció requisitos de antecedentes para conductores y obligaciones de control para las plataformas. El marco restrictivo ya está definido pero, sin reglamentación, sigue siendo letra muerta.
