La administración de Milei ya había anticipado su desconfianza hacia ciertos organismos internacionales, a los que catalogó como estructuras burocráticas que limitan la libertad de los países. En este marco, se decidió no renovar la candidatura argentina, lo que fue comunicado a la representación nacional en Ginebra.
Desde la Casa Rosada sostienen que esta política responde a un alineamiento con las democracias occidentales que cuestionan la eficacia y parcialidad del Consejo. De hecho, Estados Unidos y Israel también se retiraron en los últimos años, denunciando sesgos ideológicos y decisiones arbitrarias que, lejos de promover los derechos humanos, terminan utilizándose como herramienta de presión política.
Críticas al sesgo y la injerencia del organismo
Uno de los factores que influyó en la determinación fue el último informe del Consejo sobre Argentina, donde se cuestionaban designaciones en la Corte Suprema. Para el Gobierno, ese documento representó un claro ejemplo de injerencia indebida en la política interna, al opinar sobre decisiones soberanas del Ejecutivo y el Congreso.
