El fallo demoledor de la jueza estadounidense Loretta Preska contra el Estado argentino volvió a exponer el desastre jurídico, institucional y económico que dejó el kirchnerismo. La magistrada ordenó este lunes que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital —y de forma separada, también al fondo Bainbridge— por la forma irregular en que se ejecutó la estatización de la petrolera en 2012. El responsable político y técnico de esa maniobra fue el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Lejos de mostrar autocrítica, el propio Kicillof brindó una conferencia de prensa en tono nacionalista, calificando el fallo como “una agresión a la soberanía argentina” y “un disparate jurídico”. Sin embargo, reconoció: “No soy especialista en esto, pero la facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa”. La frase dejó en evidencia el nivel de improvisación con el que se llevó adelante una operación que hoy pone en jaque las finanzas del Estado.
Kicillof, intentó desviar el foco culpando a Estados Unidos y a Milei: “Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo… se nota mucho”. En su cuenta de X, el gobernador incluso acusó al presidente de ser un “topo en la Casa Rosada” y concluyó con una consigna clásica del kirchnerismo: “YPF no se vende”.
El trasfondo de este juicio es aún más escandaloso: el esquema de “socialismo de amigos” que el kirchnerismo diseñó para beneficiar al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cercano a los Kirchner desde los años 90. La historia comenzó en 2008, cuando Repsol le transfirió el 14,9% de las acciones de YPF a los Eskenazi, sin que estos pusieran dinero propio: accedieron a créditos por más de USD 2.000 millones, incluso de la propia Repsol, con el aval político de Néstor Kirchner.
