La condena fue ratificada por la Sala II de Casación tras desestimar los argumentos de la defensa.
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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior de Argentina, y confirmó su condena a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad.
La decisión, que también incluye una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos, marca un nuevo capítulo en el historial judicial del exfuncionario kirchnerista, cuya gestión entre 2006 y 2013 estuvo marcada por múltiples irregularidades.
Moreno fue acusado de abuso de autoridad en una causa vinculada a la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante su gestión. Según la investigación, entre 2006 y 2007, Moreno habría ejercido presiones indebidas sobre funcionarios del organismo para alterar índices económicos, particularmente los relacionados con la inflación.
Estas maniobras buscaban distorsionar la información estadística oficial, afectando la transparencia y confiabilidad de los datos públicos. Además, se lo acusó de intervenir en la destrucción de registros públicos, lo que agravó los cargos en su contra.
La condena, dictada originalmente por un tribunal de primera instancia, fue ratificada por la Sala II de Casación tras desestimar los argumentos de la defensa, que buscaba revertir la sentencia. Aunque la pena de prisión es de tres años, esta no se ejecutará de inmediato, ya que Moreno aún puede presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
La inhabilitación, sin embargo, lo excluye de cargos públicos por un período de seis años, consolidando un revés significativo para el exfuncionario, quien ha defendido su gestión como un ejercicio de supuesta "soberanía económica".
Este fallo se suma a otras condenas que pesan sobre Moreno, como una por peculado en el caso conocido como "Clarín Miente" y otra por amenazas coactivas en el episodio "Casco o guantes".
La causa del INDEC, que desencadenó esta condena, sigue siendo un símbolo del autoritarismo kirchnerista, la corrupción y las tensiones entre el poder político y la independencia de las instituciones estadísticas en Argentina, dejando un precedente clave en el ámbito judicial.
