La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada introdujo un cambio estructural en la composición del poder ejecutivo nacional. Por primera vez en décadas, la mayoría de los funcionarios jerárquicos del Gobierno nacional no proviene del circuito tradicional de la función pública, sino del sector privado. Según un relevamiento realizado a partir de declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el 67% de los altos cargos del actual gobierno declaró antecedentes laborales en la actividad privada.
El dato contrasta de manera contundente con la gestión anterior. Durante el mandato de Alberto Fernández, el 72% de los funcionarios provenía de cargos estatales previos, mientras que apenas un 28% tenía experiencia fuera del Estado. La diferencia no es menor: refleja dos modelos de poder radicalmente distintos. Uno, basado en la rotación clientelista permanente dentro del aparato público; otro, orientado a incorporar perfiles profesionales con trayectoria fuera de la política.











