
Caso Nahuel Gallo: su familia escapó de Venezuela en un operativo secreto
La operación fue coordinada por autoridades argentinas e internacionales, en medio de una gran persecución política.
En un contexto de creciente represión por parte del régimen venezolano, la pareja y el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo lograron salir del país mediante un operativo secreto coordinado por el Gobierno argentino y organismos internacionales de derechos humanos. La mujer, María Alexandra Gómez García, y su hijo, Víctor Benjamín, atravesaron la frontera hacia Colombia, alejándose de una situación que se había vuelto insostenible.
Ambos se encontraban residiendo en Anzoátegui, al este de Venezuela, junto a la madre de Gómez García. Según pudo reconstruirse, la familia enfrentaba serias dificultades económicas y vivía bajo el temor constante de ser alcanzada por la maquinaria represiva chavista, que en los últimos meses intensificó las detenciones arbitrarias, tanto de opositores como de extranjeros.
Si bien Alexandra no tenía prohibiciones legales para salir del país, pidió ser acompañada por alguien “de confianza” para evitar problemas en la frontera. Finalmente, el traslado fue exitoso, aunque realizado con absoluto hermetismo, incluso para la familia directa del detenido.
La detención de Gallo y el silencio de Venezuela
Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2023 tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander desde Colombia, cuando intentaba visitar a su familia. Desde entonces, sus comunicaciones fueron casi inexistentes. La última vez que su pareja logró hablar con él fue el 8 de diciembre, a través del celular de un remisero.
La única prueba de vida del gendarme fue un video y unas fotografías en las que aparece vestido de preso. Según versiones extraoficiales, las imágenes habrían sido tomadas en la prisión conocida como El Rodeo.

Denuncia del Gobierno argentino
El viernes pasado, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial exigiendo la “inmediata liberación” de Nahuel Gallo, al igual que la de otros ciudadanos detenidos “ilegalmente” por el régimen de Nicolás Maduro.
Además, se responsabilizó directamente a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por liderar una estructura de persecución: “El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”.

La administración de Javier Milei calificó estas prácticas como “terrorismo de Estado” y anunció que intensificará las denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
El comunicado oficial concluyó con un llamado a la comunidad internacional: “Nuestro país exhorta a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y a la violencia ejercida desde las instituciones”.
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