El proceso por defraudación en la cooperativa eléctrica de Traslasierra afronta su tramo final con expectativa regional.
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En Villa Dolores, avanza el juicio por presunta defraudación a la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo), una de las entidades más poderosas del Valle de Traslasierra. Cuatro exempleados están acusados por maniobras irregulares en el área de servicios sociales, entre ellos un exgerente.
La querella particular solicitó prisión efectiva para el exdirectivo, mientras que la fiscalía pidió condenas condicionales para otros dos acusados y absolución para el restante. Las supuestas maniobras habrían perjudicado económicamente a los asociados y afectado la confianza en la institución.
La Cemdo, con más de 40 mil socios y presencia en 13 localidades, concentra un peso económico y político clave en la región. La sentencia será dictada el 19 de noviembre por el juez Santiago Camogli.
En Villa Dolores, avanza el juicio por presunta defraudación a la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo)
Las acusaciones y el rol del exsubgerente
El proceso judicial comenzó tras una denuncia presentada en 2016 por los síndicos de la cooperativa, quienes detectaron sobreprecios en ataúdes y cobros indebidos en sepelios. La investigación reveló más de 80 damnificados entre los socios.
Los acusados Manuel Reynoso, Gabriel Peral y Gustavo Tellos integraban el área de servicios sociales, mientras que el exsubgerente Darío Falavella fue señalado por omitir controles. Dos de los implicados reconocieron su responsabilidad, buscando atenuar las penas.
El querellante Jorge Uez solicitó la pena más alta para Falavella, argumentando que desoyó alertas internas y permitió la continuidad de las irregularidades. La defensa pidió su absolución por falta de pruebas.
La Cemdo, con más de 40 mil socios y presencia en 13 localidades, concentra un peso económico y político clave en la región.
Facturación paralela y perjuicio a los asociados
El sistema bajo sospecha consistía en ofrecer a los familiares de los socios fallecidos ataúdes de menor calidad al contratado. Luego se les pedía un pago adicional por un modelo “superior”, desviando ese dinero fuera de la contabilidad oficial.
La maniobra habría permitido a los empleados generar ingresos paralelos a costa de los aportes sociales. Según la querella, el esquema operó durante años sin auditorías efectivas ni advertencias al consejo de administración.
El caso reavivó el debate sobre la transparencia en las cooperativas del interior provincial y la necesidad de reforzar los mecanismos de control. El fallo judicial será clave para definir responsabilidades y prevenir futuros abusos.
El proceso judicial comenzó tras una denuncia presentada en 2016 por los síndicos de la cooperativa, quienes detectaron sobreprecios en ataúdes y cobros indebidos en sepelios.
