La Justicia ordenó el sellado total de la estructura en bulevar San Juan tras más de una década de inacción, caprichos políticos y riesgos fatales.
El edificio abandonado conocido como "La Mole", ubicado en la intersección de bulevar San Juan y Calasanz, comenzó a ser desalojado este miércoles por orden judicial. La medida llega tras más de 10 años de abandono sistemático de una estructura que nunca obtuvo siquiera tratativa municipal por exceder la altura permitida. Esta parálisis administrativa convirtió a un proyecto privado en un foco de inseguridad y ocupación ilegal en pleno centro cordobés.
La intervención se precipitó luego de la viralización de un video que mostraba a un menor de 16 años caminando por la cornisa del inmueble. El incidente expuso la peligrosidad de una construcción con huecos de ascensores abiertos y condiciones estructurales paupérrimas. Durante el relevamiento policial, se constató la presencia de más de 20 personas pernoctando en un entorno de riesgo inminente para la vida.
La desidia estatal permitió que este "elefante blanco" degradara el valor inmobiliario y la seguridad de uno de los corredores más transitados de la capital. Los vecinos de la zona reclamaban desde hace años una solución definitiva ante la marginalidad que rodeaba al predio. La falta de definiciones sobre el destino de la obra pública y privada estancada suele derivar en estos escenarios de vulnerabilidad extrema.
El operativo contó con la participación de la Policía Judicial y equipos de asistencia social para el abordaje de los ocupantes. En el lugar se vivieron momentos de tensión mientras las personas retiraban sus pertenencias bajo custodia de la Guardia de Infantería. Tres individuos debieron ser trasladados a centros asistenciales bajo protocolos de salud mental, evidenciando el grado de deterioro social en el interior del recinto.
El inmueble será tapiado por completo con mampostería una vez que la fiscalía de instrucción confirme la evacuación total del predio. Esta barrera física pretende anular definitivamente el ingreso de terceros y evitar que el edificio vuelva a ser usurpado. La medida representa un costo operativo adicional para el erario público debido a una problemática que el estado municipal no resolvió en su génesis administrativa.
La resolución del conflicto pone bajo la lupa la ineficiencia de los marcos regulatorios que paralizan inversiones y generan vacíos urbanos peligrosos. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó finalmente que la Provincia procederá al cierre total de los accesos apenas la Justicia lo autorice. El funcionario reconoció que levantar estas defensas físicas es una obligación ante la incapacidad previa de garantizar el orden y la propiedad en el sector.
