Código de Convivencia: Córdoba frenó la prohibición de naranjitas y limpiavidrios
El peronismo de Córdoba decidió frenar la prohibición de los naranjitas y limpiavidrios
porFernando Celías
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El oficialismo cedió ante la presión y postergó el debate para 2026. La extorsión en la vía pública seguirá vigente.
El peronismo de Córdoba decidió frenar la prohibición de los naranjitas y limpiavidrios tras la fuerte presión de varios sectores corporativos. El oficialismo resolvió avanzar con una reforma parcial del Código de Convivencia y postergar los puntos más "polémicos" para el próximo año 2026. La medida generó malestar en los ciudadanos que exigían mano dura contra la extorsión callejera que sufren los vecinos de la ciudad capital.
La decisión legislativa implica aprobar únicamente los artículos que reúnen consenso político dejando fuera las figuras de mayor conflicto hoy. El presidente del bloque oficialista Facundo Torres propuso formalmente dejar en comisión los artículos sobre cuidacoches y los antivacunas.
El legislador Gregorio Hernández Maqueda cuestionó duramente el retroceso del gobierno ante el comunicado de la Pastoral Social local. El dirigente opositor aseguró que el pueblo se queda más inseguro sin la ley anti naranjitas por un apriete mal intencionado de la izquierda. La crítica apunta a la falta de convicción del bloque mayoritario para sostener el orden público frente a los actores corporativos actuales.
La decisión de no tratar la medida contra estas mafias generó un fuerte malestar entre vecinos de la ciudad que se materializó en redes sociales.
Presión sectorial y freno legislativo
La legisladora Nadia Fernández criticó el documento eclesiástico y acusó a los religiosos de tener un sesgo importante sobre la realidad local. La dirigente oficialista apuntó contra el cura Munir Bracco y cuestionó el silencio de la institución ante otras declaraciones muy polémicas. A pesar del enojo retórico el peronismo terminó acatando la voluntad del clero y frenó el tratamiento de los artículos claves de la reforma.
La reforma aprobada designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación para planificar toda la política contravencional en la zona. Se incorpora la figura de la reiterancia como agravante en las sanciones cuando se cometen nuevas infracciones sin sentencia firme anterior. Estas modificaciones técnicas buscan agilizar los procesos pero carecen del impacto directo que tendría la prohibición de los cuida coches hoy.
La modificación a la Ley de Tránsito permitirá finalmente el uso de las luces automáticas DRL para circular por las rutas de toda la provincia. Esta adecuación normativa evita que la Policía Caminera multe a los conductores de vehículos modernos que ya cuentan con esta tecnología útil. Se trata de un reclamo histórico de los automovilistas que eran sancionados injustamente por una reglamentación obsoleta y vieja del tránsito.
El oficialismo resolvió avanzar con una reforma parcial del Código de Convivencia y postergar los puntos más "polémicos" para el próximo año 2026.
Seguridad jurídica y orden pendiente
La iniciativa habilita el decomiso de los bienes utilizados para cometer infracciones los cuales podrán tener un nuevo destino a los 180 días. Se establece además la caducidad de los antecedentes contravencionales a los 3 años cuando hay sentencia firme para limpiar el registro real. El enfoque del proyecto intenta incorporar una mirada restaurativa para las víctimas aunque la inseguridad sigue siendo el eje central actual.
La izquierda política celebró la postergación argumentando que "no están dadas las condiciones sociales para avanzar con medidas de mano dura". Luciana Echevarría advirtió sobre la crisis económica actual y pidió no emitir despacho sobre la reforma hasta dar un debate mucho más profundo.
La estrategia final del peronismo fue aprobar una reforma a medias para evitar el costo político de enfrentarse a los sectores del clero local. El ordenamiento del espacio público deberá esperar hasta el próximo año mientras los vecinos siguen rehenes de las corporaciones de la calle. La falta de definiciones concretas perpetúa la informalidad y castiga a los ciudadanos que cumplen con todas sus obligaciones fiscales al día.
La decisión legislativa implica aprobar únicamente los artículos que reúnen consenso político dejando fuera las figuras de mayor conflicto hoy.
