El Gobierno tuvo un rapto de lucidez con la extorsión en semáforos. Sin embargo, optaron por institucionalizar a los cuidacoches.
La reforma al Código de Convivencia establece penas de trabajo comunitario multas o arresto para quienes exijan dinero sin el permiso oficial. Las sanciones se duplicarán automáticamente cuando estas conductas ocurran en las inmediaciones de espectáculos públicos o eventos masivos. El funcionario asegura que el orden público no se negocia aunque la excepción a las organizaciones sociales contradice toda esa afirmación.
El Gobierno de Córdoba parece haber tenido un leve despertar de sentido común al anunciar la prohibición total de los limpiavidrios actuales. Sin embargo la lucidez no fue completa, ya que decidieron mantener y regular el sistema de los naranjitas mediante las cooperativas amigas. La medida se presenta como una solución de orden público aunque en realidad termina institucionalizando la privatización del espacio vial.
El ministro Juan Pablo Quinteros confirmó que la restricción a los limpiavidrios será absoluta en todos los cruces semaforizados de la ciudad. El texto sanciona a quienes ofrezcan o intenten limpiar los parabrisas de vehículos detenidos o en circulación por cuestiones de seguridad. Es una respuesta que llega tarde, pero sirve para frenar la coacción que sufren los automovilistas indefensos en cada esquina de la capital.
El gran absurdo del proyecto radica en que solo se castigará a los naranjitas que no cuenten con la habilitación de la autoridad competente. Lejos de prohibir esta actividad parasitaria el proyecto valida los acuerdos políticos entre los municipios y las cooperativas estacionarias. Esto implica legalizar el manejo de cajas oscuras en lugar de liberar las calles para el libre estacionamiento de los ciudadanos cordobeses.
Quinteros insiste en que la medida no busca criminalizar la pobreza, sino terminar con la actividad coercitiva que afecta la paz de la gente. El proyecto comenzará a discutirse este viernes en comisión legislativa donde se espera un debate sobre la verdadera efectividad de la norma. La oposición deberá decidir si avala este blanqueo de las cooperativas o exige una prohibición lisa y llana de toda actividad informal allí.
El oficialismo intenta mostrar gestión en seguridad y convivencia aunque las soluciones tibias suelen perpetuar los vicios de la vieja política.
