El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán dictó este martes condenas de hasta tres años y medio de prisión contra tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de una causa que investigó el uso irregular de fondos millonarios provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2011.
Los jueces Ana Farías, Abelardo Basbús y Enrique Lilljedahl consideraron probada la existencia de “sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa YMAD”.
El fallo coincidió con la acusación sostenida en el juicio por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto con la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes impulsaron la responsabilidad penal de tres de los cuatro imputados.
La pena más severa recayó sobre el ex rector Juan Cerisola, condenado a tres años y seis meses de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta. En tanto, la ex directora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, recibió tres años y dos meses de cárcel como coautora de defraudación, mientras que el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso.
Los tres ex integrantes de la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos en la función pública. En cambio, el ex subsecretario administrativo, Luis Sacca, fue absuelto al otorgársele el beneficio de la duda.
La causa
Según la elevación a juicio del fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la UNT recibió fondos de YMAD destinados por ley a la construcción de la Ciudad Universitaria en las Sierras de San Javier, a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán. No obstante, esos recursos fueron desviados a un “sistema paralelo e ilegal” que financió otras obras y colocaciones financieras hechas sin aval de la Tesorería General de la Nación y en entidades no autorizadas por el Banco Central.
