El operativo de seguridad liderado por la ministra Patricia Bullrich volvió a mostrar resultados positivos: la reciente marcha hacia el Congreso Nacional se desarrolló sin incidentes ni agresiones a edificios públicos, en particular al Palacio Legislativo, un blanco que en manifestaciones anteriores fue objeto de ataques por parte de grupos ultra kirchneristas y de izquierda.
Esto fue solo posible gracias al protocolo antipiquetes, un instrumento que la ministra instauró desde su ingreso a la gestión de Milei a cargo de la cartera de Seguridad.
Prevención firme y sin excesos
Gracias a la aplicación del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales desplegaron un dispositivo preventivo que logró disuadir posibles actos de violencia sin restringir el derecho a manifestarse. A lo largo del operativo, se garantizó que la protesta permaneciera dentro de un perímetro controlado, lo que impidió desbordes y preservó la integridad de las instituciones democráticas como así también permitió la libre circulación de vehículos por la zona.
En otras oportunidades, este tipo de movilizaciones derivaron en ataques con piedras, bombas molotov, fuegos artificiales dirigidos al Congreso y destrozos a bienes públicos, así como en enfrentamientos con la policía. Esta vez, el panorama fue radicalmente distinto.
Un Congreso sin agresiones ni vandalismo
El edificio del Congreso permaneció protegido y libre de agresiones gracias a la presencia estratégica de efectivos de la Policía Federal y de otras fuerzas nacionales. Tampoco se registraron destrozos en los alrededores ni intervenciones violentas por parte de grupos radicalizados, que en ocasiones anteriores actuaron con impunidad.
Una política de orden que muestra resultados
La estrategia liderada por Bullrich ha marcado un antes y un después en la forma en que se gestionan las protestas en el espacio público. Frente a años de caos, bloqueos y ataques a instituciones, el actual enfoque del Ministerio de Seguridad busca poner límites claros, defender el orden público y proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a la ciudadanía en general.
El Gobierno nacional reafirmó que este modelo continuará vigente, con el objetivo de garantizar que ninguna movilización vuelva a convertirse en una excusa para atacar al Congreso o al patrimonio de todos los argentinos.
