A tres años del siniestro que le costó la vida a Alejandra Bengoa, familiares y sobrevivientes se manifestaron en Cura Brochero. Marina y Alexa, las jóvenes que resultaron heridas en la tragedia, encabezaron el pedido de justicia. Con 17 años, decidieron asumir un rol activo ante lo que consideran una demora judicial inadmisible.
El reclamo se dirigió a la fiscal Analía Gallarato, a quien las familias piden apartarse de la causa por “falta de imparcialidad”. En una carta pública, los allegados a las víctimas recordaron el daño irreparable que provocó el exlegislador peronista Oscar González. También insistieron en que el Estado provincial debe responder por haberle asignado un vehículo oficial secuestrado.
La concentración se desarrolló frente a los tribunales de la localidad serrana, en un ambiente de profundo dolor y frustración. Los familiares denunciaron que el exfuncionario intenta resolver el caso con dinero y sin asumir responsabilidad penal.
El 20 de noviembre se realizará una audiencia clave donde se evaluará la propuesta de probation presentada por la defensa.
Rechazo a la probation y críticas a la fiscal Gallarato
El 20 de noviembre se realizará una audiencia clave donde se evaluará la propuesta de probation presentada por la defensa. González ofreció una reparación económica —cuyo monto no fue precisado— y una donación a un establecimiento educativo. Para las familias, se trata de un intento de “comprar impunidad” ante la gravedad del hecho.
Gustavo Álvarez, padre de una de las sobrevivientes, reiteró que no aceptarán el acuerdo compensatorio. Aseguró que el monto previsto apenas cubriría unos meses de tratamiento médico. Señaló que Alexa necesita terapias permanentes y que la oferta “no incluye ningún compromiso de asistencia sanitaria”.
En su carta, los allegados reclamaron que Gallarato deje la causa por sus vínculos con González y su entorno político. Denunciaron que su permanencia “afecta la confianza pública y la transparencia del proceso judicial”. La fiscal fue quien instruyó la investigación y también intervendría en la etapa de juicio.
La concentración se desarrolló frente a los tribunales de la localidad serrana, en un ambiente de profundo dolor y frustración.
Oscar González, detenido y con causas por enriquecimiento ilícito
El exlegislador peronista permanece con prisión domiciliaria y tobillera electrónica por orden del juez federal Hugo Vaca Narvaja. Además del caso vial, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se le atribuyen bienes y propiedades declaradas con valores muy inferiores a los reales.
González, que presidió la Legislatura de Córdoba, enfrenta así dos frentes judiciales que comprometen su futuro político y penal. El siniestro de 2022 reveló, según las familias, una trama de privilegios y encubrimientos dentro de la estructura estatal. En ese contexto, el reclamo de justicia se transformó en un símbolo contra la impunidad del poder.
Las familias esperan que la Cámara del Crimen de Villa Dolores rechace la probation y avance hacia un juicio oral. Para ellas, solo una condena efectiva podrá marcar un precedente ante los abusos de quienes ocuparon cargos públicos.
El exlegislador peronista permanece con prisión domiciliaria y tobillera electrónica
