Los intentos judiciales de Oscar González para frenar su causa por enriquecimiento ilícito y lavado fueron nuevamente rechazados. La Cámara Federal de Córdoba ratificó que el fuero federal debe continuar investigando la evolución patrimonial del exlegislador. La defensa había planteado nulidades, doble persecución penal e inconstitucionalidad de las figuras penales, pero fueron todas desestimadas.
El fiscal federal Hairabedian concluyó que los ingresos de González como funcionario no alcanzan para justificar su enriquecimiento. Ante la falta de justificación, solicitó su detención, la cual fue aceptada bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
En marzo, el juez Vaca Narvaja también ordenó embargar bienes de González y sus hijos por más de 424 mil dólares. Sus abogados apelaron esa medida, pero la Cámara confirmó el embargo, respaldando los fundamentos del juez. Los camaristas reafirmaron que el delito imputado ocurrió durante el ejercicio de cargos públicos, por lo que la Justicia federal es competente.
Así funciona el Partido del Estado
El caso de González expone el modus operandi de quienes hacen carrera política y se enriquecen en nombre del "servicio público". Durante décadas, González ocupó cargos en la estructura estatal, consolidando poder mientras engrosaba su patrimonio personal. Su caso no es aislado: forma parte de una casta enquistada que transforma la política en negocio propio a costa del contribuyente.
La Justicia también rechazó el argumento de "doble persecución", ya que la causa federal difiere de la que tramita en la órbita provincial. El fuero Anticorrupción investiga irregularidades en declaraciones juradas, mientras que la causa federal va más allá: lavado y enriquecimiento. Tampoco prosperó el pedido de nulidad por presunta indeterminación de los hechos: el fiscal describió con claridad las imputaciones.
