El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el pliego que propone al juez Carlos Rubén Lezcano como próximo Fiscal General de Córdoba. La iniciativa fue comunicada por el Ministerio de Justicia y se elevó conforme a lo previsto por el artículo 144 inciso 9 de la Constitución provincial. El trámite legislativo podría iniciar en los próximos días, según anticiparon fuentes oficiales.
Lezcano se desempeña como Juez de Control y Faltas de la ciudad de Córdoba y acumula 22 años de trayectoria en ese fuero. Durante su carrera intervino en conflictos penales y supervisó garantías procesales con criterios valorados dentro del Poder Judicial. Para el Ejecutivo, reúne antecedentes éticos y cumple todos los requisitos constitucionales requeridos para el cargo.
La propuesta del Gobierno provincial se enmarca en el procedimiento institucional previsto para la designación del titular del Ministerio Público Fiscal. El pliego describe los fundamentos de la elección y acompaña la documentación vinculada al desempeño del candidato. El proceso requiere dictámenes técnicos antes de llegar al debate legislativo.
Lezcano se desempeña como Juez de Control y Faltas de la ciudad de Córdoba y acumula 22 años de trayectoria en ese fuero.
Transición prevista entre Delgado y Lezcano
El reemplazo se produciría cuando concluya el mandato del actual fiscal general Juan Manuel Delgado en marzo de 2026, según lo establece su designación vigente. El Gobierno provincial informó que busca asegurar una transición ordenada entre ambos funcionarios antes del traspaso formal. La coordinación se realizaría luego de la feria judicial, permitiendo varias semanas de trabajo conjunto.
El pliego ingresó a la Legislatura y será analizado bajo el mecanismo institucional habitual para este tipo de nombramientos. El oficialismo confía en que el tratamiento podría concretarse antes de fin de año, dependiendo del avance de las comisiones. También se contempla que el debate se postergue al inicio del período ordinario de 2026 si los tiempos no alcanzan.
Los bloques legislativos comenzarán a revisar los antecedentes del postulante y el contenido técnico del expediente remitido por el Ejecutivo. La votación requerirá mayorías específicas previstas para la designación del jefe del Ministerio Público Fiscal. La definición del proceso quedará sujeta a la dinámica parlamentaria de las próximas semanas.
