La Legislatura de Córdoba se prepara para debatir dos proyectos que buscan regular el uso de la Inteligencia Artificial. El detonante: un video manipulado digitalmente que replicaba la voz del gobernador, elaborado por un diputado opositor. Aunque las iniciativas dormían en comisión desde 2024, el oficialismo encontró en esta polémica el contexto ideal para relanzarlas, no sin antes cargar con dureza contra el autor de la publicación.
El primero de los proyectos fue presentado por el legislador oficialista Leonardo Limia. Esto fue luego de que se viralizara un caso en el que se usaron imágenes de alumnas de un colegio cordobés para simular desnudos.
La propuesta, respaldada por su par Marcelo Eslava, plantea la creación de un Consejo Provincial de Inteligencia Artificial. Es decir, más burocracia inútil ahora con la tarea de colaborar con la autoridad de aplicación y difundir las normativas en la materia.
“El proyecto tiene como punto más importante la protección de los derechos de las personas, tanto la imagen como de los datos”, explicó Limia. Y agregó: “Por eso planteamos generar un registro de los sistemas de Inteligencia Artificial. También es trabajar sobre la educación en el buen uso en los niveles primario, secundario, universitario”.
El legislador Leonardo Limia, autor del proyecto comunista que busca regular las IA
Una excusa funcional para un proyecto inviable
Las declaraciones del gobernador en una escuela de Río Cuarto terminaron de habilitar el camino. “La IA es una herramienta, piensen en usarla bien; hará falta legislar”, dijo tras sentirse injuriado por el contenido viral. Con esa frase, el Ejecutivo provincial bendijo el tratamiento de normas de regulación digital.
A eso se sumó el segundo proyecto presentado en la Legislatura, esta vez por el legislador justicialista Antonio Russo. Su propuesta va más allá de un simple marco legal, legitimando la persecución propia del manual del comunismo. Propone crear una Dirección de Control, Seguimiento y Gobernanza de Datos, además de un Repositorio Central de Datos y un programa de certificaciones algorítmicas.
Entre los fundamentos, Russo sostiene que la ley busca “crear certificaciones de buenas prácticas y fomentar la responsabilidad y transparencia algorítmica en respeto del bien común, el estado de derecho y la protección de la autonomía individual”. Palabras elegantes para justificar el mismo impulso regulador de siempre: más organismos, más burocracia, más control y más persecución.
El diputado radical Rodrigo De Loredo fue quien publicó el video que hizo llorar al peronismo cordobés
Un escándalo digital, un pretexto político
En una publicación que no dejó lugar a dobles lecturas, Limia disparó contra el diputado radical. “Ante la bajeza de Rodrigo de Loredo es importante que Córdoba avance sobre el proyecto de Inteligencia Artificial que impulsé (...) Así, podremos evitar que estúpidos usen la IA para la carraña política”, sostuvo Limia. Lo que llama la atención no es el exabrupto del legislador oficialista, sino la facilidad con la que algunos se convierten en adalides de la moral pública cuando se sienten atacados.
Hasta hace apenas unos días, las iniciativas para regular la IA no formaban parte de ninguna agenda legislativa relevante. No hubo anuncios, conferencias, ni llamados a especialistas. Ahora, con la excusa de defender la democracia, se apuran a querer controlar tecnologías que ni siquiera comprenden del todo.
Como si esto fuera poco, desde la oposición también apareció una tercera propuesta, aunque sin estado parlamentario. La impulsa el legislador Rodrigo Agrelo, del bloque Encuentro Vecinal, y se centra en el uso eficiente del gasto público en materia tecnológica. Irónicamente, la única propuesta que no busca prohibir ni perseguir a nadie es la única que aún no logró consideración.
El legislador Rodrigo Agrelo, quien presentó una tercera propuesta, aunque sin estado parlamentario.
La rapidez con la que el peronismo local reaccionó ante un video es directamente proporcional a la lentitud con la que ignora los problemas reales de Córdoba. Mientras, los hospitales carecen de insumos, las escuelas tienen techos que se caen y el transporte público se degrada. Los legisladores, por su parte, se ocupan de sancionar normas para que nadie más moleste al poder con videos incómodos.
No sorprende que un espacio que destina millones en pauta oficial a medios afines se preocupe tanto por “regular”. Lo curioso es que jamás se les ocurre regular el uso de los impuestos para financiar campañas encubiertas, relatos maquillados y portales alquilados. Si hay algo que necesita control en Córdoba, no es la Inteligencia Artificial, sino la propaganda financiada con dinero público.
