La Corte Suprema tendrá la última palabra en la condena por corrupción a Cristina
Si la Corte Suprema ratifica la condena de Casación, la sentencia quedaría firme y la expresidente iría presa.
La sentencia por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, expresidente más corrupta de la historia Argentina, está a un paso de quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien será la encargada de decidir si ratifica la condena impuesta por la Cámara Federal de Casación Penal.
Cristina Kirchner y otros implicados
La expresidente fue sentenciada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, después de que se la encontrara culpable del delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, un caso emblemático que se extiende a varios altos funcionarios de su administración.
La Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo de más de 1600 páginas emitido por la Sala IV, ratificó la sentencia contra Cristina Kirchner y confirmó las condenas para otros involucrados en la red de corrupción kirchnerista.
Entre ellos, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, quienes también recibieron penas de seis años de prisión.
Sin embargo, la condenada por corrupción todavía tiene la posibilidad, durante los próximos 10 días hábiles, de apelar ante la Corte Suprema, lo que le da al máximo tribunal la última palabra sobre el fallo que hasta ahora es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia argentina.
El futuro de Cristina Kirchner
La ratificación de la condena se basa en un extenso análisis de los contratos de obra pública, donde la Justicia determinó que entre 2003 y 2015 se otorgaron 51 licitaciones de obras viales a empresas ligadas a Lázaro Báez, sin las condiciones necesarias de transparencia y eficiencia.
Estas obras fueron financiadas de manera irregular, en algunos casos directamente por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la firma de decretos presidenciales de la propia Cristina Kirchner. En total, el fraude habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente 84.000 millones de pesos, según lo constatado por la Cámara de Casación.
El fallo también destaca las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre cómo el Poder Ejecutivo facilitó el esquema de corrupción. Documentos oficiales, como el Decreto PEN 54/09, fueron instrumentales para permitir que la Dirección de Vialidad financiara las obras a favor de las empresas de Báez.
Además, la propuesta de la Fiscalía de sumar el delito de asociación ilícita, aunque rechazada en esta instancia, será revisada por la Corte Suprema, lo que podría agravar la sentencia.
Si la Corte Suprema ratifica la condena de Casación, la sentencia quedaría firme, estableciendo así una conclusión histórica en una de las causas de corrupción más grandes de Argentina.
La decisión podría ser de gran trascendencia política y judicial, dado el impacto en el futuro de Cristina Kirchner, quien se enfrenta a la posibilidad de cumplir una pena de prisión y a la prohibición de volver a ejercer cargos públicos.
Sin embargo, la Corte no tiene un plazo específico para resolver el caso, lo que significa que aún podría llevar meses o incluso años. No obstante, en caso de confirmarse la sentencia, este fallo sería un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina y sentaría un precedente para futuros casos de malversación de fondos públicos.
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