La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la ex presidente Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz, conocido como "Causa Vialidad".
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la sentencia, Kirchner no irá a prisión en el corto plazo y aún podría postularse como candidata en las próximas elecciones legislativas de 2025 si así lo decide. Esto se debe a que el fallo aún no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia judicial que debe intervenir en el proceso.
Qué significa que la sentencia a Cristina Kirchner no esté firme
La condena dictada hoy por Casación establece seis años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Sin embargo, el Código Procesal Penal Federal indica que las penas solo pueden ejecutarse una vez que la sentencia quede firme, lo cual sucede cuando ya no existen más instancias para apelar.
En este caso, Kirchner y sus abogados disponen de 10 días para apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal que tiene la última palabra en el sistema judicial argentino.
El artículo 375 del Código Procesal Penal establece que solo las sentencias firmes pueden ser ejecutadas, y una vez ratificada por la Corte Suprema, el fallo se remitirá al Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, el cual llevó a cabo el juicio oral inicial, para que se ejecute la pena de prisión efectiva y la inhabilitación política.
Posibles consecuencias de la ratificación en la Corte Suprema
La Corte Suprema no tiene plazos establecidos para resolver este tipo de casos, por lo que no se sabe con exactitud cuándo se pronunciará sobre la apelación de Kirchner. Si la Corte confirma la sentencia de Casación, el fallo quedará firme y se pondrán en marcha las penas. Esto implicaría que Kirchner debería cumplir una condena de seis años en prisión.
No obstante, dado que la ex presidente cumplirá 72 años en febrero próximo, la ley le permite solicitar prisión domiciliaria debido a su edad. Además de la pena de cárcel, se aplicaría la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, lo que le impediría postularse a futuras candidaturas o desempeñar funciones en el Estado.
