Confirmaron la condena a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidente Cristina Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

En un fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las penas para Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años de prisión) y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), así como las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

La sentencia fue anunciada en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, donde se leyó la resolución. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la condena a Cristina Kirchner, mientras que el juez Gustavo Hornos propuso agregar el delito de asociación ilícita, como lo había solicitado la Fiscalía.

Así fue el momento en que confirmaron la sentencia a Cristina Kirchner

Sin embargo, este fallo aún no tendrá efectos inmediatos, ya que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las partes cuentan con 10 días hábiles para hacerlo. Será la Corte Suprema la que decida en última instancia y, en caso de ratificar la decisión de Casación, la sentencia quedaría firme y ejecutable. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para emitir su resolución.

Además, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. Los hechos investigados corresponden a la realización de 51 licitaciones para obras viales en rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, en el marco de un esquema de fraude que afectó los recursos del Estado nacional.

Se determinó que durante ese período las obras en Santa Cruz fueron adjudicadas sistemáticamente a empresas asociadas a Lázaro Báez, cuyo rápido crecimiento económico estuvo directamente vinculado a la asignación de obra pública en la región.

La mayoría de estos procesos fueron gestionados por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) con facultades delegadas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y en algunos casos directamente por este último organismo.

Los acusados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios de estos organismos, avalaron las irregularidades durante las licitaciones y ejecución de las obras. También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas.

Se evidenció, además, un conjunto de acciones del Poder Ejecutivo Nacional que facilitaron la concreción de la maniobra, destacándose el Decreto PEN 54/09 firmado por la entonces presidente Cristina Kirchner, y propuesto por José Francisco López, que permitió que la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la dirección de Nelson Periotti, financiara directamente las obras adjudicadas irregularmente a Báez.

El perjuicio económico para el Estado se estimó en aproximadamente 84.000 millones de pesos.