Cristina Kirchner le tuvo que pedir a ayuda a ChatGPT para intentar hacerse la víctima

"Te dejo lo que respondió el chat GPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de ‘Los Copitos de Comodoro Py’ en la ‘Causa Vialidad’, despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias que tiene ese fallo", le dijo la expresidente a Milei, refiriéndose así a los tres jueces encargados de confirmar su condena: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

El resumen elaborado por la inteligencia artificial, con un claro sesgo ultra kirchnerista a pedido de la expresidente, destaca que existen supuestas "inconsistencias tanto en la construcción probatoria como en la lógica de los argumentos".

Según su propio análisis, "estas deficiencias podrían ser utilizadas para cuestionar la solidez jurídica de la condena y, en algunos casos, podrían ser interpretadas como violaciones a principios fundamentales del derecho penal, como la congruencia, la presunción de inocencia y el debido proceso".

El análisis de ChatGPT desglosó estas inconsistencias en diez puntos, uno de los cuales señala que no existen "pruebas directas concluyentes que establezcan la relación causal entre los actos de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta administración fraudulenta".

La condena por corrupción y el impacto de la Corte Suprema en el futuro de la causa

Sin embargo, la realidad es que la ratificación de la condena se basa en un extenso análisis de los contratos de obra pública, donde la Justicia determinó que entre 2003 y 2015 se otorgaron 51 licitaciones de obras viales a empresas ligadas a Lázaro Báez, sin las condiciones necesarias de transparencia y eficiencia.

Estas obras fueron financiadas de manera irregular, en algunos casos directamente por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la firma de decretos presidenciales de la propia Cristina Kirchner. En total, el fraude habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente 84.000 millones de pesos, según lo constatado por la Cámara de Casación.

El fallo también destaca las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre cómo el Poder Ejecutivo facilitó el esquema de corrupción. Documentos oficiales, como el Decreto PEN 54/09, fueron instrumentales para permitir que la Dirección de Vialidad financiara las obras a favor de las empresas de Báez.

Además, la propuesta de la Fiscalía de sumar el delito de asociación ilícita, aunque rechazada en esta instancia, será revisada por la Corte Suprema, lo que podría agravar la sentencia.

Si la Corte Suprema ratifica la condena de Casación, la sentencia quedaría firme, estableciendo así una conclusión histórica en una de las causas de corrupción más grandes de Argentina.