Cristina Kirchner, luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, enloqueció y atacó al presidente Javier Milei por haberle sacado su jubilación de privilegio.
Análisis de ChatGPT
En su crítica, cuestionó el fallo de la Sala IV, que fue celebrado por el mandatario y, ante la incapacidad de formular sus propios argumentos, le dejó un análisis realizado a pedido de ella por ChatGPT, donde la aplicación de inteligencia artificial señala supuestas "inconsistencias" en la decisión de Casación.
Este documento forma parte de un extenso descargo de la condenada por corrupción, quien expresó su rechazo a la medida del Gobierno de Milei de retirarle la jubilación de privilegio y la pensión por invalidez debido a la doble condena por corrupción.
Ante esto, la corrupta Kirchner pidió al chatbot de IA realizar un análisis sobre el fallo de los jueces del máximo tribunal penal del país.
"Te dejo lo que respondió el chat GPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de ‘Los Copitos de Comodoro Py’ en la ‘Causa Vialidad’, despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias que tiene ese fallo", le dijo la expresidente a Milei, refiriéndose así a los tres jueces encargados de confirmar su condena: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Según su propio análisis, "estas deficiencias podrían ser utilizadas para cuestionar la solidez jurídica de la condena y, en algunos casos, podrían ser interpretadas como violaciones a principios fundamentales del derecho penal, como la congruencia, la presunción de inocencia y el debido proceso".
El análisis de ChatGPT desglosó estas inconsistencias en diez puntos, uno de los cuales señala que no existen "pruebas directas concluyentes que establezcan la relación causal entre los actos de Cristina Fernández de Kirchner y la supuesta administración fraudulenta".
La condena por corrupción y el impacto de la Corte Suprema en el futuro de la causa
Sin embargo, la realidad es que la ratificación de la condena se basa en un extenso análisis de los contratos de obra pública, donde la Justicia determinó que entre 2003 y 2015 se otorgaron 51 licitaciones de obras viales a empresas ligadas a Lázaro Báez, sin las condiciones necesarias de transparencia y eficiencia.
Estas obras fueron financiadas de manera irregular, en algunos casos directamente por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la firma de decretos presidenciales de la propia Cristina Kirchner. En total, el fraude habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente 84.000 millones de pesos, según lo constatado por la Cámara de Casación.
El fallo también destaca las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre cómo el Poder Ejecutivo facilitó el esquema de corrupción. Documentos oficiales, como el Decreto PEN 54/09, fueron instrumentales para permitir que la Dirección de Vialidad financiara las obras a favor de las empresas de Báez.
Además, la propuesta de la Fiscalía de sumar el delito de asociación ilícita, aunque rechazada en esta instancia, será revisada por la Corte Suprema, lo que podría agravar la sentencia.
Si la Corte Suprema ratifica la condena de Casación, la sentencia quedaría firme, estableciendo así una conclusión histórica en una de las causas de corrupción más grandes de Argentina.
