El fiscal Anticorrupción detectó que el histórico dirigente no declaró más de diez propiedades al asumir como legislador.
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El fiscal Franco Mondino imputó al dirigente peronista Alejandro Ruiz por presunta omisión maliciosa de bienes al asumir como legislador en 2019. La investigación judicial revela que Ruiz habría ocultado más de una decena de campos, varios terrenos y un automóvil en su presentación. Esta conducta configura el delito de falsedad u omisión maliciosa, tipificado específicamente en el artículo 268 del Código Penal nacional.
La denuncia inicial fue impulsada por el abogado Pablo Olmos y derivó en múltiples allanamientos con secuestro de documentación muy clave. Ruiz, asistido por su defensor Lucas Colazo, negó los hechos pero se abstuvo de declarar recurriendo a diversos tecnicismos administrativos. El imputado intentó justificar la ausencia de los bienes declarados alegando supuestos problemas en formularios y unas escrituras anuladas.
Alejandro Ruiz representa un emblema del peronismo del norte cordobés y es uno de esos funcionarios que vive del Estado desde hace décadas. Fue jefe comunal de Bañado de Soto durante tres períodos consecutivos y dejó el cargo en 2019 con una maniobra de la vieja política local. Designó a su hijo Fabricio, de apenas 19 años y sin haber terminado la secundaria, como su sucesor directo en la administración pública.
El imputado intentó justificar la ausencia de los bienes declarados alegando supuestos problemas en formularios y unas escrituras anuladas.
Nepotismo explícito y causas judiciales
Se trata de otro cargo a dedo y un caso de nepotismo explícito que quedó naturalizado dentro del esquema de poder del PJ cordobés actual. Mientras tanto, Ruiz padre ascendió a legislador provincial ese mismo año y, tras cumplir su mandato, no soltó la estructura estatal local. Hoy dirige el Centro Cívico de Cruz del Eje, inaugurado con la presencia de Martín Llaryora, reafirmando su rol como operador oficialista.
La imputación actual no es el único frente judicial que enfrenta Ruiz, ya que su propio cuñado lo denunció por presunta coacción de tierras. El conflicto se originó por tierras destinadas a una pista de turf que Ruiz buscaba extender, una situación que generó una gran controversia. Aunque la fiscalía pidió archivar la causa en una primera instancia, el Juzgado de Control ordenó seguir investigando los hechos denunciados.
Alejandro Ruiz representa un emblema del peronismo del norte cordobés y es uno de esos funcionarios que vive del Estado desde hace décadas.
También existió una denuncia previa por una supuesta plantación de cannabis en una finca familiar, causa que finalmente fue archivada luego. Mientras el PJ cordobés intenta mostrarse renovado, el caso de Alejandro Ruiz vuelve a poner en escena los vicios de la vieja política local. Se evidencia la acumulación de poder personal, el uso de cargos públicos como herencia y una dudosa relación entre patrimonio real y formal.
La consolidación de la casta política
Con un hijo intendente sin terminar el secundario y bienes ocultos, Ruiz se consolida como ejemplo de esa casta política tan enquistada. Esta dirigencia sigue sosteniéndose gracias a su lealtad al aparato peronista, más que a la transparencia o al mérito en la gestión pública.
